El Gobierno central y la Junta de Andalucía han presentado alegaciones contra la pretensión del Ayuntamiento de la Línea de La Concepción de celebrar en el municipio una consulta popular para iniciar los trámites para convertirse en una ciudad autónoma.
El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha explicado que ambas administraciones han presentado alegaciones contra la moción aprobada el pasado 9 de julio por el pleno municipal para iniciar el proceso para la convocatoria de una consulta popular para solicitar al Gobierno la condición de ciudad autónoma.
La moción se aprobó con los votos de los 21 ediles del partido del gobierno local (La Línea 100x100), con la abstención de los tres concejales del PSOE y el rechazo del único concejal popular.
“A mí entender, como alcalde, no como técnico, no cuentan (ambas alegaciones) con un sustento técnico adecuado y se basan únicamente en cuestiones políticas, con las cuales evidentemente no podemos estar de acuerdo”, ha señalado Juan Franco.
El alcalde ha añadido que ambas alegaciones serán estudiadas por la secretaria general del Ayuntamiento que “es la máxima autoridad jurídica de la corporación”, y “con su asesoramiento, así procederemos”.
Su intención, ha advertido, es celebrar “a la mayor brevedad posible” un pleno “resolviendo estas alegaciones” y continuar con la tramitación del procedimiento.
“Lo que está claro es que tanto el Gobierno como la Junta se han manifestado en contra de esta pretensión de que se nos dote de un régimen especial para los problemas que tenemos en nuestra ciudad y por contra no se nos presenta ninguna propuesta alternativa”.
“Hasta el momento, el Plan de Seguridad, que está dando buenos resultados, pero medidas sociales ninguna. Seguimos perdiendo puesto de trabajo como consecuencia del Brexit, sigue sin haber regulaciones específicas para los trabajadores españoles en Gibraltar a la hora de sus cotizaciones sociales y así podemos seguir hasta el infinito”, ha afirmado el alcalde.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz han indicado que su alegación ha expuesto que las consultas que se realicen “deben estar dentro de las competencias del ayuntamiento y no pueden contrariar el ordenamiento jurídico”.
Por su parte, la Junta de Andalucía, según indican desde la Subdelegación del gobierno autonómico en la comarca, basa sus alegaciones en que el Ayuntamiento “se excede en el ejercicio de sus competencias”.
Según la administración autonómica, “desligar el municipio de la provincia afecta a los límites del territorio andaluz” y esta modificación territorial sólo podría articularse mediante una modificación del Estatuto de Autonomía, “para lo que el Ayuntamiento no está legitimado”, señalan.
Por otro lado, apuntan estas mismas fuentes, “el dibujo de nuestras provincias y autonomías quedó definido en la Constitución de 1978. Proceder ahora a crear una nueva ciudad autónoma es extemporáneo”.
