La implantación de la Administración Electrónica avanza entre el llamado sesgo informático, que facilita la celeridad en la tramitación, y la brecha digital, que se genera en las personas que carecen de los medios o de la formación para relacionarse con las Administraciones de manera telemática.
Esta doble conclusión la expone Patricia Soriano Bautista en su tesis doctoral defendida en la Universidad de Córdoba en la que "aborda un tema de gran actualidad y sobre el que aún laten demasiadas incertidumbres y pocas certezas", según escribe su director, Mariano López Benítez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba, en el informe sobre el trabajo.
"Es indudable que la brecha digital supone una discriminación en perjuicio de personas que o bien no tienen acceso a los medios técnicos para relacionarse con las Administraciones o bien carecen de formación y conocimientos necesarios para el uso de estas nuevas tecnologías", afirma Soriano en una entrevista con EFE.
En su criterio, "también afecta el llamado sesgo informático, como discriminación positiva a favor del administrado electrónicamente, y que es inevitable, derivado de la celeridad de la tramitación por medios electrónicos".
En su tesis defiende que se trata de un sesgo que "debería evitarse para hacer efectiva la igualdad de los administrados", ya que discrimina "a aquellos que no tengan acceso a los medios electrónicos para relacionarse con la Administración, o que, por cualquier otra razón, no puedan hacer uso de los mismos".
Asimismo, recalca, "también pueden darse estas discriminaciones a favor de quienes se relacionen electrónicamente con la Administración", como, por ejemplo, en la "tramitación preferente de solicitudes o documentación presentada telemáticamente".
Patricia Soriano plantea en su trabajo, bajo el título 'El tránsito desde la Administración Electrónica: Antecedentes, regulación actual, organización e implantación de procedimientos', que recibió la calificación de sobresaliente cum laude, que nos encontramos en "una etapa intermedia y que va a resultar difícil desprenderse totalmente del papel por la forma de gestión administrativa y la brecha digital".
A su juicio, "la etapa de transición es necesaria para pasar de un modelo de administración basado en el papel a otro en el que la tecnología es protagonista", al tiempo que considera que "la falta de previsión es evidente porque las leyes de procedimiento entraron en vigor, salvo en algunos de sus preceptos, en octubre de 2016".
En todo caso, precisa, "no es la única causa", ya que "sobre todo incide la celeridad en la incorporación de medios técnicos en el trabajo administrativo debido a la crisis sanitaria del Covid y que indudablemente ha afectado a las relaciones con los ciudadanos, el distinto grado de implantación de los medios electrónicos en las comunidades autónomas y entidades locales, la dotación presupuestaria, o factores como la edad o la escasa formación en nuevas tecnologías".
Para la doctora en Derecho, eso no quita "el importante avance experimentado en todas las Administraciones, adaptándose a los nuevos medios", aunque "no podremos desprendernos totalmente del papel hasta que no haya un nuevo modelo de gestión administrativa".
Junto a su opinión de que se carece de "una sólida base normativa" que da pie a "una incipiente jurisprudencia que intenta dar respuesta a las numerosas dudas generadas por la aplicación práctica de las leyes", la tesis plantea que "los grandes olvidados, no solo de las leyes de procedimiento, sino también de las normativas de desarrollo dictadas por las comunidades autónomas son precisamente quienes deben proceder a su aplicación en el seno de las Administraciones Públicas: los empleados públicos".
Junto a "una adaptación de los puestos de trabajo a la nueva organización derivada del uso de las nuevas tecnologías", el trabajo defiende "lo que es más importante, formación e información en nuevas tecnologías y en los cambios que estas implican en el quehacer administrativo diario”, ya que "no debemos olvidar que una mayoría de funcionarios en todas las Administraciones pertenecen a una generación pre-internet que carecen de esas posibilidades de relación, y no están familiarizados con las nuevas tecnologías".
Todo ello, subraya Patricia Soriano, en un marco en el que "se están aplicando las nuevas tecnologías sin un análisis en profundidad de sus implicaciones respecto a las Administraciones Públicas y a la ciudadanía, lo que impide que se pueda abordar la reforma con la profundidad necesaria para la consolidación del avance ya experimentado".
En cualquier caso, concluye, es indudable que "estamos ante un proceso imparable hacia lo electrónico que se está produciendo en otros muchos ámbitos y al que la Administración no puede ser ajena", aunque "será un proceso lento porque el punto de partida son administraciones muy vinculadas al papel, a la burocracia administrativa, con unas estructuras arcaicas y prácticas muy arraigadas por la inercia administrativa, así como numerosas reticencias a los cambios, sobre todo a los tecnológicos".
