Podemos San Fernando ha pedido que “de manera inmediata” se ponga en marcha la Mesa de Seguimiento conformada por las propias trabajadoras y la oposición que pidió en el último pleno municipal y que garantizaría que la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio cumple el contrato y se fiscaliza que se respetan los derechos laborales de las trabajadoras.
Ana Rojas, portavoz del grupo municipal, declaró que esta fiscalización está más que justificada ante los reiterados incumplimientos en cuanto a la atención psicológica de las trabajadoras y que nunca se les ha proporcionado, la falta de remuneración de las formaciones, la falta de uniformes, la falta de material técnico y de los servicios de enfermería o fisioterapia, entre otras faltas.
Rojas además ha recordado la última denuncia de las trabajadoras esta misma semana contra la empresa por no remunerar los desplazamientos, a lo que tienen derecho y ha señalado al gobierno por no decir la verdad cuando aseguraba que la atención psicológica era para los usuarios cuando el contrato especifica que se trata de un derecho de la plantilla.
La portavoz insiste en tachar de irresponsabilidad la decisión del gobierno de prorrogar el contrato con Claros SCA “cuando se había comprometido a no hacerlo”, basándose además en un expediente repleto de inexactitudes y fallos que no refleja la realidad de las trabajadoras. Al igual que recrimina al gobierno que el Plan de Conciliación que hizo que Claros SCA y que supuso que quedara en la primera posición en el concurso no se ha aplicado, no ha sido conocido por las trabajadoras antes de la prórroga a pesar de las constantes peticiones por parte de éstas y de la formación, y no suponen ninguna mejora con respecto a las medidas a las que ya se obliga por ley.
Rojas ha afirmado que desde la formación seguirán denunciando los incumplimientos del gobierno con respecto a uno de los servicios más importantes, esenciales y sensibles de la ciudad y exige al gobierno que controle que las trabajadoras tienen todos sus derechos laborales garantizados y deje de ser un servicio “sostenido por la precariedad de las trabajadoras con el beneplácito del gobierno”.
