La Subdelegación del Gobierno en Cádiz sacó pecho ayer por los resultados de la reforma laboral que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de diciembre y entró en vigor un día después, con un plazo de tres meses para las empresas para adaptarse a la nueva normativa. Según los datos facilitados, la modificación “ha propiciado un importante incremento en el número de contratos indefinidos, acumulando en 2022, 80.782, frente a los 15.433 que el año anterior en el conjunto de la provincia.
En la capital, el balance es espectacular: en los primeros seis meses del presente ejercicio se han contabilizado 8.710 contratos indefinidos. En el mismo periodo de 2021, marcado por las restricciones en la movilidad a causa de la pandemia, fueron 1.827. En 2019, antes de la irrupción del coronavirus, por su parte, solo se contabilizaron 1.461.
Tanto CCOO como UGT han valorado recientemente estos datos que “confirman la incidencia directa de la reforma laboral fruto del dialogo social sobre la contratación en nuestra provincia”.
Sin embargo, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández, matiza los números. “Todo es una mentira, a la normativa se le ha dado una capa de barniz, pero no se ha reformado nada”, asegura, señalando la trampa al no contar como eventuales los contratos fijos discontinuos, “pese a que, en la práctica, no dejan de ser temporales”.
Por otro lado, advierte de que los contratos indefinidos cuentan, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, con un periodo máximo de seis meses, que varía según el convenio colectivo. De modo que “las empresas se valen de dicho artículo para mantener al trabajador el tiempo preciso y despedirlo sin que tenga que indemnizarlo”.
