En una entrevista con Efe, Aído defiende la seriedad y la importancia del programa político de su Ministerio, cuyo gasto representa el 0,02% de los Presupuestos Generales del Estado, y la necesidad de proteger a los menores que viven en un entorno de violencia de género, que podrían rondar, según sus cálculos, los 800.000 en España.
Aído afirma con rotundidad que “no hay nada más necio que confundir valor con precio” e insiste en que a pesar de que el Ministerio de Igualdad tiene “un presupuesto pequeño”, tiene “un enorme valor”.
“Estamos realizando un programa político serio, avanzamos en la lucha contra la violencia de género, hemos elaborado un plan de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, estamos desarrollando la Ley de Igualdad efectiva y vamos a aprobar la Ley del aborto”, argumenta Bibiana Aído.
Sostiene que “hay un antes y un después” en la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género y, en su opinión, la evolución de los datos así lo demuestran: en 2009 murieron 21 mujeres menos que en 2008 a manos de sus parejas o ex parejas.
“21 motivos para la esperanza”, reitera. A su juicio, en la actualidad, todas las personas saben que tiene parte de responsabilidad frente a la lacra de la violencia machista y subraya que “el principal logro” que se ha conseguido es que todos han contribuido a sacar este problema del ámbito privado al ámbito público.
Resalta que desde el Ministerio, en colaboración con las distintas instituciones, se ha trabajado “con recursos, rigor y honestidad” para convertir a España “en referente en toda Europa en la lucha contra la violencia machista”.
“Es posible acabar con la violencia de género”, dice Aído optimista, quien, no obstante apostilla “que no hay que bajar la guardia”.
La ministra de Igualdad muestra una especial preocupación por las mujeres maltratadas que viven en el ámbito rural porque “pueden verse en determinadas ocasiones más desprotegidas” o con una mayor dificultad a acceder a los recursos que tienen a su disposición.
En este sentido, insiste en que el Ministerio trabaja junto con la Federación Española de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos les acerquen a todos los recursos que ya tienen a su disposición.
Sobre la propuesta de extender la Ley contra la violencia de género a los casos en los que la mujer no tenga relación sentimental con el agresor –como defendió la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán–, Aído considera que para esos delitos el Código Penal “ya responde de forma efectiva”.
Sobre si la condena firme por un delito de maltrato debe conllevar la pérdida de la custodia de los hijos menores pero no del régimen de visitas, como recomendó la subcomisión para el seguimiento de la ley, la titular de Igualdad apunta que es una propuesta que requiere una reforma del Código Penal, que está siendo debatida en el Congreso.
Otra de las recomendaciones de la Subcomisión fue elaborar un protocolo de intervención y atención a los hijos de mujeres víctimas de la violencia de género.
“Aproximadamente, según los datos de los que disponemos, habría unos 800.000 menores que viven en este tipo de contexto y para ello estamos trabajando con distintas organizaciones que trabajan en la protección de la infancia para tener datos estadísticos fiables en esta materia”, anuncia la ministra.
