El Gobierno central expone en una respuesta parlamentaria que el Ministerio de Defensa, que dirige la socialista Margarita Robles, es "ajeno" al contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios de mantenimiento e intendencia de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparte Estados Unidos con España; precisando que la contratación de ciudadanos norteamericanos por parte de la sociedad contratista "está regulada en el Convenio de Cooperación para la Defensa" entre ambos países.
Así figura en una respuesta emitida el pasado 7 de octubre por el Gobierno a una pregunta formal del diputado de Unidas Podemos por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados Miguel Ángel Bustamante, cuya militancia en IU está actualmente suspendida al haber sido denunciado por su mujer por presunta violencia de género, extremo que niega el aludido.
La pregunta del citado diputado se encuadra en el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido el pasado mes de julio por la sociedad KBR, que desde 2021 gestiona los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, servicios de ambulancia e higiene industrial de la base de Morón, tras resultar adjudicataria en otoño de 2020 del correspondiente contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, hasta entonces en manos de Vectrus, que ostentaba dicho contrato desde 2015.
KBR, recordémoslo, formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa entre 2010 y 2015.
En ese sentido, durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
El mencionado nuevo ERE acometido por KBR el pasado mes de julio, cabe precisarlo, se saldó con el despido de 49 empleados de la plantilla, alegando la empresa unas causas productivas que el comité de empresa no reconoce.
El comité de empresa, encabezado por UGT, viene avisando en ese sentido de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.
Al respecto, el Gobierno central indica en esta respuesta oficial de fecha 7 de octubre y recogida por Europa Press, ante las cuestiones planteadas por el diputado Bustamante, que "el contrato de servicios en la base aérea de Morón se celebró entre la empresa contratista Kellogg Brown & Root (KBR) y las Fuerzas Armadas norteamericanas, por lo que resulta ajeno por completo al Ministerio de Defensa".
En paralelo, el Gobierno sostiene en este documento que "la contratación de ciudadanos norteamericanos por parte de empresas contratistas está regulada en el Convenio de Cooperación para la
Defensa y se realiza en todo momento conforme a éste".