La ONG Amnistía Internacional ha lamentado que, con la llegada de Vladimir Putin a la Presidencia de Rusia en el año 2000, el país euroasiático puso en marcha un estricto sistema de silenciamiento y represión de las protestas y manifestaciones contrariaras al Gobierno y que ahora, con la guerra de Ucrania, parece haber alcanzado nuevas cotas.
La organización ha publicado este jueves un informe titulado 'De todos modos, te vamos a arrestar' en el que incide en que las autoridades rusas han desarrollado a lo largo de los últimos años un "sofisticado sistema de restricciones y duras represalias" para cercenar las protestas públicas que pasa incluso por la detención de profesionales de la comunicación.
Tras años de hostigamiento a los sectores críticos y persecución a aquellos periodistas que daban voz a las protestas, con el estallido de la guerra en Ucrania, Rusia se ha tenido que enfrentar a nuevas convocatorias de manifestaciones que se han saldado con detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza y elevadas sanciones económicas.
"Las autoridades rusas están decididas no sólo a evitar a toda costa y sancionar duramente cualquier protesta, aunque sea pacífica, sino también a minimizar cualquier conciencia ciudadana sobre ellas", ha denunciado la investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia, Natalia Prilutskaya, quien ha puesto el foco sobre la situación en el país desde febrero de 2022.
Poco después de que Putin anunciase el inicio de la invasión de su vecina Ucrania, decenas de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Rusia, desafiando las posibles multas y encarcelamientos, para mostrar su descontento contra una decisión que sumía a su país en un conflicto en el que tendría a la comunidad internacional en contra.
Sin embargo, pese a la valentía de parte de la ciudadanía rusa, las autoridades no dudaron en aplicar "las más duras sanciones" contra los que participaban en las manifestaciones, mientras que la Policía "hizo un uso abusivo de la fuerza" contra los periodistas y observadores independientes que trataban de difundir los que ocurría.
Al mismo tiempo, mientras desde Moscú se han incrementado las exigencias a los medios de comunicación para poder cubrir en directo los acontecimientos que se suceden en el país, la Policía, de forma independiente, ha llegado incluso a exigir a los periodistas "cartas de acreditación de su empresa" o sus documentos de identidad.
"Junto a las duras restricciones legales a la libertad de prensa ya impuestas por el Estado, la Policía está actuando cada vez más arbitrariamente para evitar que periodistas y otro personal de los medios de comunicación informen a la opinión pública sobre las protestas", ha denunciado Prilutskaya.
Además, durante el pasado mes de marzo se han acrecentado los casos de periodistas a los que se les ha acusado de "difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas", así como por las labores del Ejército en territorio extranjero, este segundo un nuevo artículo incluido recientemente en el Código Penal ruso.
Por tanto, la persecución de periodistas ya no se produce tan solo cuando cubren manifestaciones a pie de calle, sino que también en las propias redacciones los profesionales de la comunicación se enfrentan a posibles detenciones por difundir informaciones que desde el Kremlin consideren como "falsas".
En virtud de esta legislación, las autoridades rusas han señalado directamente a periodistas, como el caso de la publicación independiente Vechernie Vedomisti y su directora, Guzel Aitukova, a quienes se le han impuesto sanciones económicas que ascienden a los 450.000 rublos --más de 7.120 euros-- por difundir fotografías de pegatinas en contra de la guerra.
Otro caso destacado es el del medio de comunicación Dovod, cuyo redactor jefe, Kirill Ishutin, vio como la Policía registró su domicilio por, supuestamente, ser testigo de una investigación penal sobre vandalismo en relación con la aparición de pinturas urbanas en contra de la guerra en un puente de la ciudad de Vladimir.
En la misma fecha, las autoridades irrumpieron también en las oficinas del diario 'Pskovskaya Guberniya' para confiscar ordenadores, teléfonos móviles y otros materiales como parte de una causa sobre el delito de "desacreditar" de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero. Tras este episodio, el diario anunció el cese temporal de su actividad.
Esta persecución ha provocado que una suerte de éxodo de cientos de periodistas de Rusia. Asimismo, reconocidos medios de comunicación como TV Rain o el periódico 'Novaya Gazeta' se han visto obligados a suspender su actividad. La emisora de radio Ekho Moskvy, conocida por dar voz a críticas a Putin, fue también cerrada por las autoridades.
Las precarias condiciones democráticas y de información en Rusia se han puesto de manifiesto a nivel internacional con el estallido de la guerra, aunque bien es cierto que años atrás, con el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalni, este asunto también cobró notoriedad.
En enero de 2021, la población rusa también salió a las calles para denunciar el encarcelamiento de un Navalni, condenado a prisión por violar los términos de la libertad condicional que se le impuso por un caso anterior de fraude. Navalni, crítico con el Gobierno de Putin, fue envenenado supuestamente por Moscú con el agente nervioso Novichok.
Según Prilutskaya, las autoridades rusas ya pusieron en marcha en aquel momento su sistema de represión para negar a la población toda la información de la que precisan sobre le asunto en un intento por "erradicar cualquier expresión pública de descontento". Aquellas protestas culminaron con la detención de al menos 16 periodistas, según el Sindicato de Periodistas y Trabajadores de Medios de Comunicación, suspendido en septiembre de 2022.
Asimismo, al menos siete miembros de la ONG Comité contra la Tortura fueron detenidos arbitrariamente mientras llevaban a cabo labores de observación de las protestas. En muchos de éstos casos los detenidos fueron juzgados por "participar en una reunión pública no autorizada" y condenadas a al menos diez días de detención administrativa.
En este contexto, Amnistía ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que lleve a cabo un "escrutinio minucioso y eficaz" de la situación y para garantizar el cumplimiento de la libertad de expresión e información en Rusia.
"En épocas sombrías como esta, es fundamental tender una mano amiga a la atribulada sociedad civil y los medios de comunicación independientes de Rusia para ayudar a quienes realizan labores de observación e información en el país y que el mundo sepa de su existencia", ha remarcado Prilutskaya.
Para la investigadora de AI sobre Rusia, no será posible ponerle fin a los "abusos terribles y generalizados", ni tampoco a la "agresión a Ucrania", mientras en el interior del país euroasiático se sigan estrangulando algunos de los principales derechos y libertades de los que debería gozar la población.
