La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es clara y tajante al afirmar que es “inverosímil”, ya que “técnicamente, el acuartelamiento no debe ser utilizado mientras no se solucionen los problemas administrativos”.
No obstante, y por cuestiones de mera operatividad, el acuartelamiento “continúa su actividad y ofrece los mismos servicios a los ciudadanos, en sus gestiones habituales de recepción de tramitación de denuncias, intervención de armas y policía judicial, todo ello, por supuesto, sin que el ciudadano se entere de que se adentra en un edificio que carece de autorización para cualquier actividad”, sentenciaron desde esta formación sindical.
Peluquerías en viviendas
Mucho más rocambolesco que lo antes mencionado es el ejemplo que la AUGC pone de la utilización de las viviendas donde debieran estar instalados los guardias civiles de este cuartel linense, que en este momento tienen que buscarse literalmente la vida en pisos de alquiler o con sus propias familias.
De hecho, desde este colectivo aseguraron que uno de estos pisos de los módulos de viviendas se está utilizando “como peluquería”, actividad comercial que como cualquier otra que se ejerza en el Estado debe contar con las oportunas autorizaciones, entre ellas, la licencia de apertura, que estimamos que no podrá serle concedida por las mismas razones que 50 familias están pagando alquiler en la Línea y alrededores”, indicaron desde AUGC.
La asociación profesional mayoritaria del Instituto Armado llegó más allá al afirmar que otro de los pisos ocupados “pertenece al capitán jefe del acuartelamiento”, y mostraron su indignación ya que “su vivienda está sujeta, al igual que las demás, a la autorización administrativa para poder ser ocupada y habitada”. Sin embargo, “él y sólo él puede hacer uso de la misma, sin dar más explicaciones al resto de funcionarios”.
Por todo ello, AUGC, exige la inmediata “aclaración” de las circunstancias en las que se encuentran las mencionadas dependencias, y “una pronta solución” a este “quijotesco asunto que al final y como siempre padecen los ciudadanos y sus agentes de seguridad”.
Todo ello, “debido a que durante más de dos años de obras y un presupuesto de más de cinco millones de euros, las viviendas y las dependencias oficiales que han sido rehabilitadas llevan 12 meses terminadas sin ser entregadas a sus adjudicatarios”.
