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Granada

La Junta ve probado que Granada perdió la Aesia por una decisión política

Ha recalcado que el hecho de que el informe sobre la decisión de conceder a A Coruña la sede la Aesia esté fechado 52 días después de anunciarlo lo demuestra

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  • Marifrán Carazo. -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha recalcado que el hecho de que el informe sobre la decisión de conceder a A Coruña la sede la Aesia esté fechado 52 días después de anunciarlo demuestra que fue una decisión política, un agravio contra Granada al que hacer frente en los tribunales.

Carazo ha pedido al Gobierno central que no oculte más que la decisión de que la sede de esta agencia estatal se ubique en A Coruña respondió a intereses políticos y no técnicos, "lo que supuso un intolerable agravio para Granada y Andalucía".

La consejera de Fomento ha hecho estas valoraciones tras trascender que el informe estatal de la Aesia está fechado 52 días después de concederse la ubicación de la sede a La Coruña, un dato sobre el que el Gobierno central no ha emitido explicaciones.

"Las instituciones y la sociedad granadina no nos vamos a quedar quietos ante esta injusticia, tenemos que defender a Granada", ha reclamado la consejera, que ha avanzado que la Junta ha pedido al Ayuntamiento de Granada ir "hasta el final" con el recurso judicial.

Este recurso exige transparencia sobre el proceso y rechaza que la respuesta del Gobierno sea hablar de "compensaciones", según ha precisado Carazo.

La consejera ha apuntado que la Junta solicitó este miércoles al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, un trabajo coordinado y que le facilite, dentro del marco de colaboración suscrito entre ambas administraciones, información relativa a las actuaciones que se han realizado sobre la adjudicación de la sede de la AEIA, además de pedir que le remita la documentación que tenga del procedimiento judicial.

La Junta también ha pedido al Ayuntamiento que justifique por qué no ha solicitado la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado ni la imposición de multas coercitivas y responsabilidad del funcionario responsable de su aportación. 

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