Urquía, que está imputado junto a otros tres acusados, se enfrenta a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, treinta de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones por dos delitos de prevaricación y cohecho, ya que supuestamente ofreció favores judiciales a cambio de beneficio económico durante la conocida como Operación Hidalgo.
El tribunal presidido por Manuel Mazuelos ha rechazado la inadmisión de las grabaciones con las que se dio inicio a la investigación, algo que ha solicitado la defensa del imputado I.M.L. aludiendo a que habían sido grabadas personalmente por D.S., hijo del dueño del hotel sobre el que se pretendían levantar las medidas cautelares, y que por lo tanto podrían estar alteradas.
El juez ha considerado que las grabaciones son "perfectamente" admisibles y que no hay "ni un mínimo indicio" de que el juicio no se desarrollará con plenas garantías, además de que durante los dos años que ha durado la instrucción no se han presentado otras grabaciones que pudieran poner en duda la autenticidad de estas.
Asimismo también se ha rechazado la admisión como prueba de una relación de llamadas en la que se demostraría, según la defensa de I.M.L., que el primer contacto con el acusado lo hizo el propio hijo del dueño del hotel y por lo tanto sería un "delito provocado".
El registro de llamadas sería "absolutamente estéril" ya que no se puede demostrar su contenido y vulneraría el principio a los procesos sin dilaciones indebidas, ha explicado el juez.
La defensa de A.F.A. ha pedido también la admisión del registro de llamadas del empresario Philipe Junot, que declarará en la vista oral como testigo, algo que ha sido rechazado por el tribunal, que sólo ha admitido que se aporten como pruebas las fotocopias de una declaración de Urquía y de varios testigos en septiembre de 2007 en las que se aportan datos sobre los tiempos en los que el juez iba a estar suspendido.
El abogado de Urquía, Nicolás González Cuéllar, ha renunciado a la declaración de la jueza instructora del Caso Hidalgo, María Jesús del Pilar Márquez, para no afectar a la otra investigación, y ha asegurado que su defendido siempre ha actuado "con independencia e imparcialidad".
González Cuéllar ha afirmado que Urquía no ha pedido dinero para hacer favores judiciales y que no tuvo conocimiento de que se habían producido reuniones con este fin, además de que "nunca" ha revelado datos de los casos que instruía por lo que ha pedido su libre absolución, algo que han solicitado también las demás defensas para sus clientes al no estar conformes con la petición fiscal.
Ante la petición de una de las acusaciones de que se incluyera la formulación de un delito de falsedad, el juez considera que el objeto del juicio excluye la posibilidad de extenderse a un delito del que previamente se había decretado ya sobreseimiento libre.
Según el Ministerio Fiscal, que pide penas de entre uno y dos años de cárcel y multas de hasta ocho millones de euros para los otros tres acusados, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella favoreció a algunos de los imputados en el "caso Hidalgo", abierto contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.
