La política migratoria italiana, uno de los ejes, quizás el más mediático, de los seis meses de Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, navega entre la confusión y el alarmismo, con medidas que parecen más destinadas a convencer a sus electores que a obtener el apoyo clave de la Unión Europea (UE), según expertos.
Meloni, líder de la coalición en el poder que incluye al soberanista Matteo Salvini y al conservador Silvio Berlusconi, ha convertido la inmigración en el caballo de batalla de su Ejecutivo, en un momento en el que aumentan los desembarcos en las costas italianas.
La tragedia de Cutro (Calabria, sur), en la que fallecieron unas 180 personas, muchas de ellas niños, al encallar su barca a pocos metros de la playa en febrero pasado, marcó un punto de inflexión ante la opinión pública y la respuesta de Meloni fue una huida hacia adelante, con la aprobación de leyes más restrictivas.
A las medidas iniciales para complicar las tareas de rescate en el mar de las ONG, se han sumado otras, como las del denominado "decreto Cutro", que limita la protección especial para refugiados, o la declaración del estado de emergencia, destinado a potenciar la expulsión de inmigrantes irregulares.
LA DESASTROSA OPERACIÓN CUTRO
"No resuelven los problemas, solo miran al propio electorado", explica a EFE Alberto Vannucci, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa, preocupado porque tienen "un fuerte riesgo de contestación social" y "sientan las premisas para un futura emergencia" real, mientras "se infravalora la dificultad de las embarcaciones".
El naufragio de Cutro supuso un varapalo para el Gobierno, tanto por las dudas que generó la operación de salvamento en el mar, como por la frialdad ante el drama de Meloni y su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien llegó a culpar a los padres que iban en esa barca de la muerte de sus hijos.
"La operación Cutro, no sólo desde el punto de vista humano, sino político, ha sido desastrosa, terrible", asegura el politólogo Gianluca Passarelli, que recalca que la UE "también ha visto una gestión que no cumplía los estándares mínimos", antes de resumir la política migratoria de Meloni como "mucha propaganda y poca sustancia".
824 MUERTOS EN EL MEDITERRÁNEO
Y en ese contexto tan delicado, tras recibir feroces críticas por la gestión de la tragedia, Meloni declaró el estado de emergencia durante seis meses, alegando que los desembarcos habían aumentado un 300% respecto a 2022.
"La cuestión no es tanto el número de los que llegan, 38.000 en estos cuatro meses, que es un aumento considerable respecto al año pasado, pero que se puede gestionar con políticas de integración no solo de Italia, sino también de la Unión Europea (UE)", explica a EFE el portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Italia, Flavio Di Giacomo.
Estas cifras lo que "denotan es una crisis humanitaria seria en los países de transito y un incremento terrible de muertos en el mar, porque hemos llegado a 824 según los últimos datos del OIM", añade.
Passarelli tilda de "sinsentido" recurrir a poderes especiales: "El estado de emergencia se declara en condiciones excepcionales como una guerra o una emergencia sanitaria como la pandemia. Es solo un modo para distraer a la opinión pública de problemas concretos ligados a la gestión de la economía".
Y la frase supremacista sobre el "temor a la sustitución étnica" del ministro Francesco Lollobrigida, cuñado de Meloni, sumada a la dureza de Salvini, impulsor en sus tiempos de responsable de Interior de una severa política antimigratoria, dejan clara "la aversión" del Gobierno al fenómeno migratorio, según Vannucci.
EL RECELO DE LA UE
En este contexto, el apoyo de la UE es clave para controlar los flujos migratorios, como no se cansa de repetir Meloni, pero sus políticas no ayudan.
"La incoherencia y confusión del Gobierno se ve también en la manera de relacionarse con los socios europeos", explica Vannucci, para quien "el aislamiento de Meloni con Francia, Alemania y otros" ha llevado a la UE a mirar a Italia con "un profundo recelo".
La primera ministra "aprieta el acelerador de modo autártico", proponiendo medidas como un bloqueo naval europeo, y la respuesta de Europa "sólo puede ser la distancia y el alejamiento" y más si se tiene en cuenta que a los países afines políticamente, como Polonia o Hungría, no les interesar una revisión del pacto de asilo y refugio.
Para Passarelli, "no se puede pensar en gestionar de manera militar la huida de desesperados que llegan de países en guerra como Afganistán o Siria", pues "eso solo tendría sentido si hubiera una defensa común europea, pero obviamente el Gobierno no la quiere, porque significaría ceder soberanía".
