Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Málaga han expresado su preocupación, en una asamblea celebrada a finales de la semana pasada, por la falta de "cumplimiento en sus estrictos términos y plazos" del acuerdo suscrito entre el Comité de Huelga de los LAJ y los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda el pasado 28 de marzo, que puso punto y final a la huelga de los antiguos secretarios judiciales tras 45 días.
Los LAJ malagueños acusan a los sindicatos generalistas de "obstaculizar su cumplimiento", y de generar "perjuicios a los trabajadores que dicen representar".
En dicho acuerdo de ocho páginas se establecía una subida salarial de entre 430 y 450 euros al mes brutos, para los cerca de 4.379 letrados judiciales de todo el país (157 en la provincia de Málaga), un abono que fue acordado con efectos económicos desde el 1 de enero de 2023, si bien el pago se iba a realizar de modo paulatino hasta diciembre del 2024, siendo el primer ingreso en la nómina de este mes de junio. El coste total de esta subida se estimó por el Ministerio de Hacienda en unos 22 millones de euros.
Sin embargo, este cumplimiento retributivo se ha visto paralizado en las últimas semanas tras la desconvocatoria de la Mesa de Retribuciones por parte del Ministerio de Justicia, el pasado 16 de junio, a la que habían sido convocados los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CC OO, que tendrían que dar su respaldo a dicho incremento salarial.
Este trámite es necesario para poder publicar los Reales Decretos retributivos de los antiguos secretarios, y materializar así el abono de los importes, que se habían fijado en un plazo del 40% de incremento mensual desde el 1 de enero de 2023, un segundo aumento de otro 40%, desde enero de 2024, y el 20% restante a partir del 1 de julio de 2024.
En una asamblea, los letrados judiciales de Málaga acordaron este jueves pasado exigir la inmediata convocatoria de la mesa, "un trámite que es con los sindicatos representativos del sector de la Administración de Justicia".
Los LAJ, que reclaman una negociación colectiva como cuerpo superior al margen de los sindicatos tradicionales, y ejercida por sus asociaciones profesionales, recuerdan a las organizaciones sindicales que su subida "en nada afecta a la retribución de los cuerpos comunes y es ajena al conflicto abierto con los mismos".
Recuerdan además a las tres asociaciones de secretarios (CNLAJ, UPSJ y AinLaj) que en su nombre firmaron dicho acuerdo el pasado 28 de marzo, que en caso de no cumplirse el mismo, ni en su fondo ni en los plazos, "se deberá ejecutar ante el Ministerio de Justicia la reclamación de los perjuicios adicionales que dicho incumplimiento provoque", acciones que los letrados judiciales de Málaga piden ejercer "contra los sindicatos que, con incumplimiento flagrante de sus obligaciones legales de actuar en beneficio de los trabajadores a los que representan, están actuando de manera activa contra el referido acuerdo de 28 de marzo".
Este retraso del pago en la nómina del mes de junio del primer importe pactado ha molestado a los letrados judiciales, recordando anteriores incumplimientos (como fueron los acuerdos de abril de 2022 que dieron origen a la huelga indefinida de este 2023) por parte del equipo de la ministra Pilar Llop. Sin embargo, en el documento suscrito en marzo pasado se establece que dicho pago puede ser también en la nómina del mes de julio próximo.
El acuerdo retributivo de los LAJ ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional por las direcciones de los sindicatos STAJ y CSIF. Comisiones Obreras, por su parte, decidió no recurrir.
ELECCIONES AL CONSEJO DEL SECRETARIADO
Por otra parte, los letrados judiciales de Málaga deberán elegir este martes a los representantes del Consejo del Secretariado estatal, un órgano con funciones consultivas que fue creado por el Ministerio de Justicia para dar cauce de participación a este cuerpo superior.
Su información consultiva, pero no vinculante, se extiende no solo a materias que afecten a la fe pública judicial, sino también sobre expedientes disciplinarios, de reingreso y rehabilitación, a reclamaciones que se planteen en relación con el escalafón de Letrados de la Administración de Justicia, o las propuestas para la provisión temporal de determinadas plazas.
Dicho Consejo está presidido por el titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y está formado por cuatro vocales natos (el director general, dos secretarios de TSJ y un coordinador provincial designado por el Ministerio), y seis elegidos democráticamente por los letrados judiciales.
Su mandato es por cuatro años y al actual proceso electoral de 2023 concurren tres asociaciones: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). En la provincia de Málaga concurre una letrada en una de las listas nacionales que se presentan.
Aunque muchos secretarios judiciales malagueños han solicitado en esta ocasión votar por correo, para evitar desplazarse a la Ciudad de la Justicia en Teatinos, el resto podrá depositar su voto entre las 9 y las 20 horas, en una sala habilitada por la Secretaría de Coordinación de Málaga.
