“¡Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas!”. Juan Ramón Jiménez.
En casi todas las provincias de Andalucía se extiende el clamor de subidas del precio del agua y la repercusión del mismo en los próximos recibos a los contribuyentes, a los que hace unos meses, cuando se fraguaban las campañas, nadie avisó. El denominador común, al margen del sobrecoste en depuración ante la escasez por la sequía, son las obras que en muchos casos no se acometieron y que generan pérdidas de muchos hectómetros cúbicos en una red deficiente, vieja, por la que se pierde a veces tanto o más de lo que llega. Es esa gestión pública que no se ve, está en el subsuelo, la gente abre el grifo y sale agua, solo hay quejas cuando la cortan o suben, como es el caso, no es asunto electoral ni nadie gana o pierde unas elecciones por lo del agua o el tratamiento de los residuos, lo que denota la fragilidad de nuestra conciencia colectiva ante temas mucho más trascendentes que la mayoría de los que ocupan las sesiones plenarias de ayuntamientos o parlamentos.
El agua en alta es aquella que se transporta desde pantanos, pozos o embalses hasta la red de las ciudades, donde la engancha la gestión municipal en base a tres modelos: concesiones privadas, mixtas o públicas. Pero el origen viene a ser el mismo, las canalizaciones similares y lo precario de las mismas también, el precio no. ¿Por qué? El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, integrado por Algar, Arcos, Barbate, Benalup, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina, Paterna, Puerto Real, El Puerto, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar, Trebujena y Vejer, ha planteado una subida que elevaría el metro cúbico del 0,15 actual a 0,32, más del doble; el precio de Arcgisa, que gestiona lo mismo en el Campo de Gibraltar, ha sido hasta ahora de 0,28, mientras que Giahsa, en Huelva, lo tiene en 0,57, de las más caras del país. No hay normativa que regule estos precios de manera conjunta, se hace según necesidades de cada cual, como obras pendientes de ejecutar y, cómo no, mantenimiento de muchos entramados políticos que en casos como Huelva incluso aportaron durante años grandes cantidades anuales a todas las formaciones políticas para sus quehaceres. El PP siempre dijo que cuando tuviese el poder de la Diputación de Huelva, que es quien fiscaliza Giahsa, desmontaría lo que siempre llamó chiringuito socialista, pero pasa como en la Junta o en tantas otras cosas y es que cuando tienes la llave y saboreas las mieles y reconsideras los problemas y piensas lo complicado que resulta cambiarlo todo terminas convenciéndote de que lo mejor es dejar las cosas como más o menos están, más cuando quien las organizó fueron los socialistas y, en eso, siempre supieron hacerlo estupendo –las cosas que dijo el PP que cambiaría en Canal Sur cuando gobernase son exactamente las mismas que no ha cambiado, salvo lo de siempre, poner a su gente arriba y controlar los informativos ahondando en la idea, vieja, de agitar la sensación de cambio para que, al final, todo siga funcionando exactamente igual-.
El agua es un bien público básico y esencial para la vida, contar con ella al abrir el grifo y que sea potable y garante de salubridad es obligación de las administraciones, cada una en su ámbito competencial. La Asamblea General de la ONU hizo una declaración en 2012: “El derecho humano al agua y al saneamiento, con un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. En el mundo desarrollado estamos acostumbrados a tener agua e incluso derrocharla, pero no nos planteamos la necesidad de que las administraciones establezcan mecanismos para garantizarnos que no lleva ningún tipo de gérmenes o sustancias que puedan suponer un riesgo para la salud. Y menos que su correcto abastecimiento implica unas infraestructuras continuamente renovadas, salubres y sin fugas porque el agua es un recurso limitado. Todo ello implica grandes inversiones.
La nueva normativa sobre los controles de consumo del agua parte de la primera iniciativa ciudadana europea titulada El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público! -ICE Right2Water-, con 1.659.543 declaraciones de apoyo de ciudadanos de al menos siete estados europeos. Esta iniciativa presentada a la Comisión Europea en diciembre de 2013 recibió el apoyo de trece países, entre ellos España, dando lugar a la Directiva Europea 2020/2184 que se traspuso al ordenamiento español con una Ley que entró en vigor el 12 de enero de este año por la que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Con esta Ley se imponen a los tres niveles de administraciones públicas una serie de obligaciones. Los ayuntamientos, al ser los competentes para el servicio de abastecimiento domiciliario, sus operadores intermediarios y las entidades que asumen el suministro del agua en alta son los que han de cumplir con el grueso de obligaciones a fin de controlar los riesgos para la salud en todo el abastecimiento a partir de la toma de captación, incluidos el tratamiento, el almacenamiento y la distribución. Antes del 1 de octubre de 2025 el Ministerio de Sanidad deberá remitir a la Comisión Europea un Informe Nacional de calidad del agua de consumo y antes del 1 de diciembre de 2028 el Ministerio competente en Derechos Sociales elaborará un Informe Nacional, que contendrá las medidas adoptadas para mejorar el acceso a las aguas de consumo. Todo esto implica nuevas inversiones y un aumento de gastos de mantenimiento de las infraestructuras y canales de distribución y, por ello, las entidades gestoras de la distribución en alta están planteando subidas del precio.
El agua no es gratis, los ayuntamientos asumen el coste que supone abastecer a la población y dentro de este coste está, por un lado, lo que les cuesta comprar el agua y que llegue al inicio de la red municipal, lo que se llama precio del agua en alta, y el coste de distribuirla a los domicilios. Si el precio en alta sube, el coste para el ayuntamiento es mayor, pura matemática. Para financiar el costoso servicio de la distribución del agua, la Ley de haciendas locales contempla el cobro de una tasa a los usuarios. Si el ayuntamiento decide no financiar con la tasa el 100 por 100 del coste, la diferencia tendrá que asumirla como un gasto más en el presupuesto municipal. Cuestión ante la que se encuentran los municipios del CAZG, que ha anunciado una subida del precio en alta en un 113%, lo que desde el punto de vista económico y racional supone que los municipios afectados suban la tasa, pero desde la rentabilidad en votos les pueden llevar a decidir que sea el ayuntamiento el que asuma la subida.
Jerez, a modo de ejemplo al ser el municipio más grande de la provincia, anuncia, en boca de su alcaldesa Pelayo, su intención inicial de no subir la tasa del agua, aunque el ayuntamiento, uno de los tres más endeudados de España, no tiene posibilidad de sostener financieramente este aumento del coste. Desde que la misma Pelayo sacó la concesión del servicio, adjudicándose a Aquajerez, el ayuntamiento ha tenido que asumir subvenciones anuales para compensar a esta empresa por el desequilibrio económico que le supone que no se actualice anualmente la tasa con la subida del IPC, obligación establecida en los mismos pliegos del contrato y que cuando el gobierno anterior del PSOE intentó aprobar en pleno su cumplimiento para no aumentar el gasto, el mismo PP que aprobó aquellos pliegos votó en contra, lo que supuso un aumento de gasto anual millonario. Además, Jerez está sometido a un Plan de Ajuste y a su control por parte del Ministerio de Hacienda, entre cuyas medidas impone la obligación del ayuntamiento de financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos. Esto quiere decir que si Pelayo se decanta por una gestión municipal orientada prioritariamente a la rentabilidad política sin tener en cuenta la responsabilidad que supone la gestión económica y presupuestaria que obliga a tomar medidas para sanear las cuentas y, sobre todo, para no mermar la capacidad de pago al personal, a los proveedores y a los bancos, Jerez verá cómo su presupuesto ha de asumir el aumento de unos costes del servicio del agua para los que no tiene capacidad presupuestaria y, además, incumplirá con el Plan de Ajuste. Un incumplimiento que puede arrastrar al ayuntamiento a ver reducido sus ingresos del Estado de la PIE, como ya pasó en 2014, y esto, ineludiblemente, asfixiaría la tesorería municipal implicando problemas de pagos.
La red -la electoral- la proporcionan los votos, subir los impuestos es hacer equilibrismo en un mundo sin red. Cuando los políticos están en la oposición su discurso busca los votos con planteamientos de aumentos de gastos, bajadas de impuestos y críticas al endeudamiento. El problema es cuando gobiernan y se topan con la cruda realidad de la inviabilidad de estos predicados, salvo que no les importe llevar a la administración al caos económico en una continua patada hacia adelante que, justamente, fue el origen de la deuda del ayuntamiento de Jerez, pero los tiempos, las leyes y los controles han cambiado, hoy son otra cosa, y a quienes gobiernan se les exige responsabilidad de gestión, aunque ello no genere los votos que, por el contrario, reporta no controlar el gasto público. Una red o la otra, esa es la cuestión.
