En sendos escritos, los servicios jurídicos del Estado han solicitado a la Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo que se completen las medidas de ejecución para culminar el proceso de disolución de PCTV y ANV.
Anteriormente, el pasado día 10 de diciembre, la Abogacía del Estado había formulado ante el Tribunal Constitucional la correspondiente oposición a la suspensión de las sentencias de ilegalización del Tribunal Supremo que solicitó ANV ante el mencionado tribunal.
La cancelación de la inscripción de ambos partidos en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior ya se realizó el pasado 23 de septiembre.
Además, todos los bienes y derechos de estos partidos, incluidos los derechos de crédito por subvenciones, ya estaban embargados por la Sala del Tribunal Supremo y por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Ahora se pide que los mismos se liquiden, y que para tal fin se nombren liquidadores funcionarios públicos de la Agencia Tributaria, y que se pongan a disposición del Tribunal Supremo para poder destinar su importe neto a la finalidad prevista en la Ley de Partidos Políticos.
La Abogacía del Estado ha solicitado también que se disuelva el Grupo Parlamentario del PCTV en el Parlamento Vasco (sin perjuicio de tener en cuenta que dicha Cámara se va a disolver próximamente al convocarse elecciones autonómicas), todos los Grupos Municipales de ANV en los distintos Municipios del País Vasco y Navarra y los Grupos de ANV en las Diputaciones Forales.
EL GOBIERNO BUSCA PRUEBAS
El Ministerio de Justicia ya está trabajando con la delegación del Gobierno del País Vasco para averiguar si hay posibilidades legales de disolver todos los ayuntamientos en los que gobierna ANV, para lo que está investigando “caso por caso” la actuación de dichos consistorios.
El Gobierno busca pruebas que puedan conducir a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que actualmente gobierna ANV, y no sólo en los 24 donde Acción Nacionalista Vasca cuenta con mayoría absoluta, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.
El ministro Mariano Fernández Bermejo ya avanzó que no cabe la disolución de estos consistorios con carácter general, ya que la Ley de Bases del Régimen Local de 2003 permite disolver un ayuntamiento por razones de interés general, pero examinando los casos uno por uno.
Una de esas razones contempladas legalmente sería que los actos y acuerdos de los ayuntamientos “supongan apoyo al terrorismo o actuaciones de desprecio a las víctimas”. En este sentido, se están analizando las actas de los plenos y los acuerdos adoptados por cada uno de los 42 ayuntamientos de ANV, por si alguno pudiera dar lugar a su disolución.
Uno de los ayuntamientos que será observado con lupa será el de Azpeitia donde ETA cometió su último asesinato.
