Ningún personal técnico de integración social (PTIS) está a jornada completa en los centros educativos públicos de Cádiz. Ninguno puede atender al alumnado con necesidades educativas especiales de 9 a 14 horas. ¿Qué pasa con esos alumnos si tienen un problema cuando no está el monitor?, ¿tiene que acudir la familia al centro para atenderlos?
Es por ello que los PTIS han exigido, en esta segunda jornada de huelga que han secundado este martes, la jornada completa en beneficio del alumnado, así como de la verdadera inclusión y de una educación de calidad.
Ésta ha sido una de las reivindicaciones que han lanzado frente a la sede de la Delegación de Educación, en la plaza Mina, donde tras la pancarta ‘Garantía y solución para el personal que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos públicos’ se han congregado más de un centenar de monitores de Educación Especial de toda la provincia.
“Vamos a endurecer las protestas porque estamos desesperados”, ha manifestado Víctor Pulido, representante del comité de empresa de los PTIS. “La empresa Osventos, a la que la Junta de Andalucía ha dado el servicio, no reconoce las tablas salariales que aparecen en nuestro convenio; no reconoce tampoco el complemento de antigüedad; no nos asegura que cuando terminemos el servicio en junio nos paguen las vacaciones. Y a todo ello sumamos que estamos cobrando fuera de plazo. Todavía hay compañeros que no han percibido su nómina de septiembre ni la de octubre. Y además, han aumentado la jornada de 3 a 5 horas a algunos compañeros y eso no aparece reflejado en su vida laboral ni en su salario”.
“Desesperados e indefensos”, ha agregado Pulido tras denunciar la precariedad laboral que desde hace dos décadas viene padeciendo su colectivo.
Un colectivo al que la Delegación territorial de Desarrollo Educativo “no nos hace caso”, como tampoco se sienten escuchados ni atendidos por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ni, mucho menos, por la propia empresa Osventos, “que es gallega y ni siquiera tenemos el contacto porque ella pasa absolutamente de nosotros”.
Así, teniendo en cuenta que desde el pasado 27 de octubre -cuando convocaron la primera jornada de huelga- no se ha producido “ningún avance”, el personal técnico de integración social -que suma más de 300 personas en la provincia- comenzará una huelga indefinida “cuanto antes y hasta que se arregle esta situación, porque lo que reclamamos son derechos mínimos de los trabajadores”, ha recalcado Pulido.
El representante del comité de empresa ha concluido que la “solución final debería pasar por la subrogación”, porque “estamos trabajando en centros educativos públicos y llevamos 20 años con cambios de empresas y cada una hace con nosotros lo que le da la gana. Como servicio público que es nuestro trabajo, debemos ser trabajadores públicos”. “Que nos subrogue directamente la Junta de Andalucía y se acabe este problema con las empresas y encontrarnos indefensos”, ha concluido.
