Velasco ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía le solicitara el pasado lunes que tramite ante el Gobierno la demanda de extradición de Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo dependiente del Gobierno de Hugo Chávez.
Según el auto dictado hoy por el magistrado, la propia Constitución venezolana y el Tratado de Extradición contemplan esa posibilidad en el caso de que la nacionalidad venezolana se haya "adquirido en fraude de ley".
De esta forma, Velasco subraya que el etarra deportado obtuvo la nacionalidad venezolana "con el propósito de impedir las reclamaciones extradicionales españolas" respecto a las causas que varios juzgados "tienen todavía en vigor" relativas a las acciones que se le imputan desde que se integró en el "comando Oker" de ETA en 1984 junto a Idoia López Riaño, alias "Tigresa", José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain.
Se refiere el magistrado a los asesinatos en 1985 de Ángel Facal Soto -al que ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio García Kleinler, atracos a diversas sucursales bancarias, robos "a punta de pistola" de vehículos, incendio de empresas de laboratorios y alimentación y explosiones de artefactos en un concesionario de coches y contra un autobús francés.
Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando la posibilidad de solicitar al juez que reclame a Venezuela la extradición de Cubillas Fontán por el asesinato de Facal si este delito no hubiera prescrito.
Además, Velasco destaca que las autoridades venezolanas no han cumplido con la orden de detención internacional dictada por él contra Cubillas a finales del mes de febrero y que el embajador de Venezuela en España y la fiscal general de este país "ya han adelantado a la prensa lo que pudiera entenderse como voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a su extradición.
El motivo alegado por Julián Isaías Rodríguez y Luisa Ortega Díaz, recuerda el juez, es la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos, por lo que Velasco propone que "antes de la solicitud formal extradicional o concomitantemente a la misma", el Gobierno español pida al de Hugo Chávez la revocación de la nacionalidad venezolana que "por naturalización" tiene Cubillas.
Dicha opción está contemplada en el artículo 27 del convenio de extradición, que establece que "los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado".
Pese a esta sugerencia, el magistrado considera "procedente" proponer al Ejecutivo español que demande a las autoridades de Venezuela la extradición de Cubillas por los delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas, castigado con penas de entre 10 y 20 años de prisión, y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada, penado con entre seis y diez años de cárcel.
Al igual que en el auto dictado en febrero en el que procesó a Cubillas junto a otros cinco terroristas y a siete miembros de las FARC, Velasco vuelve a señalarlo como responsable de ETA en Venezuela desde 1999 y encargado de que las guerrillas colombianas adiestraran en el manejo de explosivos a etarras a cambio de que la banda localizara en España objetivos para ellas.
Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid no se han opuesto a que Velasco reclame la extradición de Cubillas.
