Los hijos de un fusilado piden una reclamación patrimonial

Los hijos de Virgilio Castilla, presidente socialista de la Diputación de Granada que fue fusilado en 1936, han formalizado una reclamación patrimonial ante el Estado por la multa de 250.000 pesetas que el Tribunal de Responsabilidades Políticas impuso a la familia y que sumió a ésta en la ruina económica.

La reclamación fue presentada el pasado 21 de octubre y va dirigida al Ministerio de la Presidencia, que tendrá ahora que pronunciarse al respecto, ha explicado a Efe el letrado de la familia, que mantiene que es la primera demanda patrimonial de estas características que se formaliza tras la entrada en vigor de la ley de Memoria Histórica.

Los hijos de Virgilio Castilla, que fue condenado a muerte por ser declarado autor de un delito de rebelión militar e insultos a la fuerza armada, ya reclamaron a finales de 2007 ante el Ministerio de Justicia la reparación y reconocimiento de la figura de su padre acogiéndose a dicha ley, que ofrece esta posibilidad.

Satisfecho ese reconocimiento moral, la familia ha optado por plantear una demanda patrimonial con la que pretenden recuperar la cuantía equivalente a las 250.000 pesetas que en 1936 le fue incautada “indebidamente” y que, según el dictamen pericial de un economista, se traducirían en 262.832 euros actuales, que es lo que solicitan en su reclamación al Estado.

Según el abogado, han basado su reclamación en la existencia de dos leyes que reconocen la devolución de bienes incautados tanto a sindicatos como a partidos políticos. “Si -la devolución de incautaciones indebidas- se ha regulado para partidos y sindicatos, sería incongruente que no se tomara la misma medida respecto a las personas físicas que fueron condenadas”, explica el abogado.

José Castilla, hijo de la víctima, de 81 años, que ha presentado la reclamación junto a su hermana Carmen, de 75, dice que no tienen “ánimo de venganza” contra quienes intervinieron en el fusilamiento de su padre y que dan por satisfecho el reconocimiento moral hacia su figura con homenajes como el realizado por la Diputación de Granada.

“Pero la multa que impuso el Tribunal de Responsabilidades Políticas supuso la ruina económica de nuestra familia”, según Castilla, que pide, ante ese “enriquecimiento injusto del Estado”, que les devuelvan lo que les “expoliaron de manera injusta”.