El acuerdo retributivo suscrito el pasado 11 de abril entre el Ministerio de Justicia y CSIF y UGT, dos de las cinco centrales sindicales que desde hace un año han venido reclamando una subida salarial para los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia de toda España, ha dividido a la parte social y está en el origen de las protestas que a partir del próximo martes, 23 de abril, han convocado los sindicatos STAJ y Comisiones Obreras.
Para esa jornada está prevista una concentración en la sede de la Ciudad de la Justicia de Málaga, en el barrio de Teatinos, a la que también ha sido convocado el sindicato SPJ-USO, la segunda fuerza con representación entre los funcionarios de los juzgados de la provincia malagueña, y que ha cuestionado el acuerdo de la subida por ser insuficiente.
El documento suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y los dirigentes del sector nacional de Justicia Javier Jordán (CSIF) y Carlos J. Álvarez (UGT), contempla subidas salariales de entre 250 y 165 euros mensuales para médicos forenses, facultativos de Toxicología, técnicos de laboratorio, gestores, tramitadores judiciales y personal de auxilio, cuantías bastante alejadas de las 430 y 350 que habían apoyado las cinco centrales sindicales que comenzaron las protestas el 17 de abril de 2023, una vez que se conocieron los incrementos que el anterior equipo de la ministra Pilar Llop había pactado con asociaciones de jueces, fiscales y letrados de las Administración de Justicia (LAJ).
La negociación llevada a cabo desde inicios de este año por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, se alteró después de que el Ministerio anunciase que estaba dispuesto a asumir un incremento salarial, pero solo para aquellos territorios donde la competencia estaba gestionada por el Gobierno, trasladando a las comunidades autónomas con transferencias en materia de Justicia, entre ellas Andalucía con unos 9.000 trabajadores públicos, los futuros aumentos y la negociación.
De este modo, el acuerdo que ha dividido a los cinco sindicatos sólo afectará al personal de Castilla y León, Extremadura o Murcia (unos 11.000 empleados), quedando fuera los 32.000 que están transferidos al País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, Asturias, Madrid o Comunidad Valenciana.
Tanto desde STAJ como desde CC OO han exigido la dimisión del ministro Bolaños por "la mala gestión del conflicto que continúa abierto -en connivencia con CSIF y UGT- tras dejar a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales sin subida salarial en el complemento del puesto, y sin reconocerles retributivamente las funciones que efectivamente desempeñan".
BRECHA SALARIAL "CON LAS ÉLITES JUDICIALES"
Por su parte, SPJ-USO ha señalado en un comunicado que el Ministerio de Justicia pretende cerrar en falso el conflicto con un acuerdo que está respaldado sólo por el 35% de la representación sindical.
"El acuerdo además de ser insuficiente en material salarial", según SPJ-USO, "no acaba con la brecha por las subidas aplicadas a las élites judiciales", en referencia a los aumentos efectuados el año pasado a los jueces, fiscales, y antiguos secretarios judiciales.
Las organizaciones sindicales que convocan la protesta para la semana que viene sostienen que el Gobierno central "ha echado balones fuera" hacia las comunidades autónomas en su responsabilidad de negociar un incremento para los 45.000 funcionarios, "ya que en el contexto actual de reforma de la organización de la Justicia en España, es el Gobierno el que tenía y tiene que tomar las riendas y aplicar una mejora retributiva a todos los funcionarios y no solo a una parte", según USO.
Por su parte, STAJ Andalucía recuerda que "la subida acordada no es para todos los funcionarios" del Estado, y "es fruto de ceder a las pretensiones de un Ministerio clasista". Este sindicato lamenta que con este acuerdo se haya producido la ruptura sindical que se demostró en abril de 2023 con las movilizaciones de estos empleados públicos en toda España.
El documento firmado recoge el incremento de los complementos para el personal, cuya gestión directa del servicio público de Justicia depende del Ministerio, y con una adecuación retributiva escalonada durante los ejercicios de 2024 y 2025.
Los importes consolidables reconocidos se refieren a doce mensualidades ordinarias y la distribución es la siguiente: funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal (195 euros brutos), de Tramitación (180 euros), Auxilio Judicial (165 euros), médicos forenses y facultativos de Toxicología (250 euros al mes), para los técnicos especialistas de laboratorio (195) y para los ayudantes (180).
A partir del próximo mes de mayo, el departamento de Félix Bolaños se ha comprometido al abono en nómina del 50% de las cuantías para cada cuerpo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. En la nómina del mes de enero de 2025 se procederá al abono del otro 50% para cada cuerpo afectado.
Por último, el documento firmado el pasado 11 de abril recoge el compromiso del Ministerio de convocar antes del verano una Mesa con los sindicatos para analizar la situación de trabajo en los tribunales del territorio no transferido y de ámbito ministerial para, además, identificar "la existencia de posibles disparidades interpretativas" respecto a la gestión de los recursos humanos y materiales en juzgados y tribunales.
Justicia se ha comprometido con CSIF y UGT a revisar la plantillas existentes y los refuerzos de personal, con el objetivo de reducir la contratación temporal conforme establece la normativa europea.
