Viera insiste en que Guerrero custodiaba la documentación

El ex consejero de Empleo, diputado y actual secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, defendió ayer los procedimientos utilizados por la Junta para subvencionar expedientes de regulación de empleo, así como el convenio con el IFA que cuestiona la Policía Judicial, aunque también señaló a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo, como la persona que “custodiaba” toda la documentación.

Viera, que estuvo acompañado por la cúpula del PSOE sevillano, ofreció una rueda de prensa ayer en la que defendió la política de ayudas a empresas y trabajadores en crisis tras las 39 irregularidades detectadas por la Junta en 12 empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo, además de la investigación derivada del caso Mercasevilla.

Según el ex consejero de Empleo, el procedimiento de concesión de estas subvenciones “excepcionales a empresas y a trabajadores” no ha cambiado y sólo se modificó la fórmula de pago con el convenio firmado con el IFA, que permitía dar “más agilidad”, aunque no supo cuantificarla, y rechazó que hubiera otro objetivo, como el de eludir el control.

Reiteró en varias ocasiones que tanto ese convenio como todos los expedientes de regulación de empleo venían avalados “por los gabinetes jurídicos” y el control presupuestario se ejercía desde la aprobación de la partida en los Presupuestos Generales hasta la Cámara de Cuentas.

“Los recursos no iban y venían sin control”, señalaba Viera, que además recordó que nunca hubo “censura” por parte de la Intervención General de la Junta ni de la Cámara de Cuentas. “De dinero opaco, nada de nada”, señalaba considerando “desafortunada” la expresión de “fondo de reptiles” que usó Guerrero.

Sobre el informe de la Intervención que pedía modificar el sistema del IFA, apuntó que no lo conoció (en 2005 ya no era consejero) pero señaló que no era vinculante y que los procedimientos tienden a ser cada vez “más garantistas”.

En cuanto a la publicidad en el BOJA de los expedientes, señaló que las subvenciones tenían “un recorrido diferente” si eran empresas o eran trabajadores, y éstos últimos no se publican.

Sobre la negociación de los ERE, señaló que nunca conoció la participación de empresas intermediarias y que se abordaban cuando eran de cuantías importantes. “Las de Santana, Boliden o Delphi las conocía todo el Gobierno”, decía, apuntando que él sólo negoció las primeras y que el resto quedaban en manos de la Dirección General de Trabajo.

Aunque aseguró que el trabajo de Guerrero fue “satisfactorio” y defendió su presunción de inocencia, reconoció que era el director general “quien custodiaba los documentos” y espetó, tras ser preguntado insistentemente por las comprobaciones de las vidas laborales: “¿cómo no va a conocer lo que está haciendo”.

Sobre los expedientes que él tramitó, como Santana o Boliden, aseguró que no ha preguntado si existen o no irregularidades y consideró que Manuel Recio, actual consejero, está defendiendo “perfectamente” a sus antecesores.

Consideró que las irregularidades se han producido porque se ha “traicionado la confianza” y apuntó que el PSOE sevillano ya ha expulsado a Guerrero y ha abierto expediente a dos militantes de El Pedroso implicados.

También defendió con documentos notariales que el ERE que negoció su cuñado como presidente del comité de empresa Cuerotex es “absolutamente correcto y legal” y que la póliza era similar a la de sus compañeros, aunque con diferencias según las categorías laborales.

Aunque reconoció que “pudo haber” alguna reunión entre su cuñado y el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas (dimitido por el caso Mercasevilla), insistió en que la empresa no recibió “ningún trato de favor”, además de ser aprobado cuando ya no era consejero.

El mismo martes, la Policía Judicial entregaba al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de unas 50 cajas con documentación asociada a la investigación promovida en cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), beneficiados de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta mediante un acuerdo que según un atestado policial habría eludido la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El PP pide la dimisión de Viera y apunta a un nuevo diputado implicado

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas sevillanos, diputado y senador, José Antonio Viera, y ha apuntado a otro diputado socialista como posible implicado en las anomalías en las ayudas de la Junta a los ERE de empresas en crisis.

En rueda de prensa, el dirigente popular se ha referido a la posibilidad de que aparezcan pronto más altos cargos socialistas y diputados implicados en dicha trama, y ha sugerido que puede haber algún diputado que "pueda pasar a la historia como el más breve de la historia del Parlamento andaluz", aunque ha eludido dar nombres.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, los últimos diputados socialistas incorporados a la Cámara han sido: Manuel Carmona Jiménez e Ismael Vaca Carrillo, desde 2010 por Córdoba y Cádiz, respectivamente, y el sevillano Ramón Díaz Alcaraz, que jurará o prometerá la Constitución en el Pleno de esta semana.

Antonio Sanz ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Empleo, Manuel Recio, por "haber mentido a la Cámara" al asegurar que en su etapa no funcionan los intermediarios en los expedientes de regulación, ya que una de las dos empresas intermediarias presuntamente implicadas en la trama ha participado la semana pasada en el ERE de Astilleros de Huelva.

Además, según el dirigente del PP, Recio ha apuntado directamente a la responsabilidad del presidente andaluz, José Antonio Griñán, al afirmar en una entrevista que los mecanismos de control de dichas ayudas dependían de la intervención general de la Junta, vinculada a la Consejería de Economía y cuyo titular era Griñán.

Pero sobre todo, Sanz ha incidido en que la situación política de Viera es "insostenible" por su presunta participación en un procedimiento irregular en un ERE, en las negociaciones de un ERE de la empresa Cuerotex beneficiando a su cuñado y por haber favorecido con privilegios a los trabajadores afectados por ese expediente.

"Parece que Viera -cuando era consejero de Empleo- participó en la elaboración y aprobación del ERE" de Cuerotex, donde trabajaba su cuñado, y, junto con Antonio Rivas (entonces delegado provincial de Empleo), mantuvieron encuentros con una delegación de los trabajadores de dicha compañía sevillana.

Sanz se ha preguntado "si es casual que la voz cantante -en dichas negociaciones- las llevara el cuñado de Viera" y que se hicieran pólizas adicionales para compensar el coste de las cotizaciones que tienen que pagar los trabajadores.

Se trata, según el dirigente del PP-A, "de una compensación anormal que no se hace nunca" y ha afirmado: "Se trata de un escándalo de una magnitud insostenible".

Ha emplazado al PSOE a que cumpla "su promesa" de expulsar del partido a quien haya intervenido directamente en esos procedimientos irregulares y que aplique a Viera la misma "vara de medir" que al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, quien fue expulsado del partido tras destapar el caso en una declaración judicial.

También ha denunciado Sanz la "vinculación sospechosa" de la actuación en la tramitación de los ERE presuntamente fraudulentos de un despacho de abogados, en el que trabajaron en el pasado Felipe González y Manuel Chaves, y en el que estaba contratado Juan Lanzas, ex dirigente de UGT y uno de los supuestos intermediarios y beneficiarios de los ERE fraudulentos.

"Esto involucra directamente a Griñán, Chaves y González", ha afirmado Sanz, quien ha añadido que una trama como esta "sólo es posible que se haga con un consejero de la presidencia como Zarrías, con un consejero de Economía como Griñán y con un presidente como Chaves".

Gobierno y PSOE salen en defensa de la Junta

Varios ministros y representantes del PSOE salieron ayer en defensa de la actuación de la Junta de Andalucía en el caso de las irregularidades en los ERE.

Así, el ministro de Fomento, José Blanco, mantuvo que las supuestas irregularidades no son algo generalizado, pero advirtió de que el PSOE sancionará a los militantes que resulten “imputados o condenados”, y la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, defendió la actuación de la Junta y destacó que va a ir “hasta el final, caiga quien caiga”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, defendió la actitud “impecable” que a su juicio está demostrando la Junta.

Frente a estas posturas, Diego Valderas, coordinador regional de IU, consideró que la Junta y el PSOE cometen un “grave” error de carácter democrático al negar la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento.