Estas son algunas de las principales conclusiones del informe que ha elaborado Save The Children sobre la evolución de la respuesta institucional a los derechos y necesidades de los niños que viven en entornos de violencia de género y que se ha presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes.
El informe ha sido realizado a partir de entrevistas individuales a madres y niños –25 y 17, respectivamente– y grupales –a 16 niños y 18 madres–, en tanto que la ONG ha consultado individualmente también a 17 profesionales y en grupo, a 72.
Si bien el texto asegura que la concienciación sobre la situación que viven los hijos de las maltratadas es cada vez mayor, subraya que “todavía queda mucho por hacer” para ofrecer a estos menores una protección adecuada y eficaz.
Por eso, recalca que todas las medidas que se han llevado a cabo para la protección de las víctimas de violencia de género son “claramente insuficientes” para garantizar la de los hijos e hijas.
La ONG señala que el sistema de protección a las mujeres maltratadas trata a los hijos de éstas “como objetos de protección” y no como “titulares cuyos derechos se ven vulnerados al ser expuestos a la violencia de género”.
Insiste en que en España no se da un enfoque de derechos de la infancia a estas situaciones, lo que se traduce en una respuesta “desigual” a las mismas donde no siempre se cuenta con el interés superior del niño , además, denuncia que no se ha logrado una coordinación entre las diferentes instituciones implicadas.
La responsable de Incidencia Política de la ONG, Yolanda Román, ha asegurado durante la presentación que si bien ninguna comunidad “es la mejor” en cuanto a la atención a estos menores, tanto en Madrid como en el País Vasco hay casos concretos “de buenas prácticas”.
El informe destaca, asimismo, como una de las carencias “más representativas” la ausencia de estadísticas sobre el número de niños que viven en contextos de violencia de género.
Por eso, hace una serie de recomendaciones a las diferentes instituciones afectadas en la lucha contra la violencia de género para mejorar la atención y protección de los menores.
En concreto, al Gobierno le reitera la necesidad de que los menores sean considerados víctimas de la violencia machista y no como “meros testigos” y le insta a adoptar las medidas necesarias para adaptar los sistemas y procedimientos judiciales a los niños que tengan que intervenir en los procesos judiciales.
Al Poder Judicial, entre otras, le pide que analice de forma “exhaustiva e individualizada” las circunstancias de cada caso en el que haya niños implicados, así como a evitar que éstos repitan las entrevistas ante diferentes instancias policiales y judiciales.
También le solicita que reduzca los tiempos de las actuaciones judiciales y no adopte de forma rutinaria medidas cautelares que se prolonguen en el tiempo de “de manera indefinida”.
Precisamente en el ámbito judicial, según Román, es donde las madres perciben que sus hijos están más desatendidos y desprotegidos, e incluso así también lo perciben la mayoría de los niños entrevistados.
A la Fiscalía le pide que vele por la correcta determinación del interés superior del menor en estos procesos judiciales.
El informe incluye testimonios de maltratadas y de sus hijos, y uno de ellos, en concreto de una madre ha sido proyectado en un vídeo durante la presentación.
