Así, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que la próxima semana volverá a preguntar en la Cámara Baja al ahora vicepresidente tercero tanto por el caso Matsa como por los EREs irregulares en Andalucía, especialmente por la supuesta implicación en este asunto del que fue su consejero, Antonio Fernández.
El ex consejero de Empleo aparece en el ERE de la bodega jerezana González-Byass que él mismo firmó, de cuya plantilla formaba parte como trabajador en excedencia, y aunque renunció a esta prejubilación, la curiosidad está en que la fecha de ingreso en la empresa que aparece en el ERE es la de su nacimiento.
Sáenz de Santamaría espera que Chaves “no se busque ninguna excusa” para evitar responder las preguntas del PP en la próxima sesión de control de la Cámara Baja, apuntando que si “se escapa de los plenos” y “no contesta” a los diputados del PP “es porque sabe”.
Destacó la presunta implicación en los EREs irregulares andaluces de Antonio Fernández, al que en su día Chaves nombró consejero de Empleo, y aseveró que este escándalo y el del caso Matsa son “muy graves”.
Por otra parte, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, se refirió en otra rueda de prensa al caso de los EREs en Andalucía y recordó de nuevo que la Junta “reaccionó con prontitud” porque fue la que puso en conocimiento de la Fiscalía las supuestas irregularidades en cuanto supo de ellas y que ha abierto una investigación interna para depurar posibles irregularidades.
Ya en Andalucía, la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, apuntó ayer que siguen manteniendo que “la responsabilidad” de estas irregularidades “afectan al centro directivo”, en referencia al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, expulsado del PSOE y quien declaró que existía un “fondo de reptiles” para apoyar a empresas en crisis.
“La responsabilidad en cuanto a los procedimientos y en cuanto a cualquier clase de ilicitud afecta al centro directivo que lo cursa. Esa es la regla general y saltar esa raya son cuestiones de una gran gravedad que yo no puedo suscribir porque no tengo el menor elemento para hacerlo”, decía la consejera de Presidencia en referencia a la implicación de los ex titulares de Empleo.
El objetivo de la Junta, según apuntó, es que esta semana concluya la investigación interna de la Consejería de Empleo de los 15 de los 45 ERE que están “vivos” (no extinguidos) y trasladar al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que lleva el caso Mercasevilla y los que se han derivado de él, las presuntas irregularidades que encuentre, además de las 39 que ya están en poder de la jueza Mercedes Alaya.
Para Moreno, “la inmensa mayoría -de los expedientes de regulación de empleo- son correctos, pero estamos dispuestos a descubrir hasta la última mota de polvo”, afirmando que “en materia de dudas sobre comportamientos ilícitos, nosotros descubrimos y limpiamos, y el PP tapa y encima intenta salpicar a los demás”, en referencia al caso Gürtel.
Sobre la última irregularidad conocida, la aparición como prejubilado del secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, en el ERE de 2003 de Intersur SL y que firmó el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, Moreno consideró que es “impresentable”, aunque quiso señalar que “nadie podrá decir nunca que la Junta tapó o protegió a ningún aprovechado, con carné o sin carné, del PSOE o del PP”.
Sobre la suspensión de militancia del PSOE pedida por Rivas, Moreno la tachó de “adecuada y diligente” y ante la posibilidad de que el partido vuelva a contar con él cuando termine la investigación señaló que el PSOE “suele volver a contar con la personas que han sido acusadas injustamente y suele no volver a contar nunca con las personas condenadas”.
Moreno dice que se puede cuestionar las ayudas a ayuntamientos pero son lícitas
La consejera de la Presidencia defendió ayer que es “opinable” que se hayan destinado fondos destinados a empresas en crisis a ayuntamientos, fundaciones y entidades, pero aseguró que la finalidad es “lícita” porque generan empleo, aunque apuntó que si ha sido “ilegal, serán los tribunales” los que lo determinen.
Mar Moreno se refería a las informaciones periodísticas que aseguran que hasta trece ayuntamientos, además de fundaciones y otras entidades, recibieron dinero del fondo de Empleo para empresas en crisis y que cuestionan la falta de control de estas subvenciones.
Para Moreno, “entre las muchas empresas que se han beneficiado, la finalidad es la normal pero no ilícita”, porque va “un muro muy ancho entre quien se enriquece ilícitamente de lo público y una subvención con un criterio más o menos cuestionable o con más oportunidad o no”.
“Una cosa es el procedimiento y otra saltárselo”, decía la portavoz para pedir explicaciones al popular Juan Ignacio Zoido sobre su participación como delegado del Gobierno en el ERE de Riotinto, del que se ha denunciado el falseamiento de las vidas laborales y coeficientes reductores en 2003.
Según publicó El País, la Consejería de Empleo utilizó estos fondos para subvencionar a trece ayuntamientos, diez en Sevilla, dos en Cádiz y uno de Jaén, aunque también se destinaron a fundaciones y asociaciones sin un control estricto, que financiaron desde una escuela ecuestre hasta ferias de artesanía. El acuerdo abrió la puerta para agilizar el rescate de grandes empresas en crisis acuciantes, como Delphi y Santana Motor.
Entre esos ejemplos se encuentra el préstamo otorgado a 64.596 euros por la agencia IDEA a Gitanos de Jerez, que fue condonado a cambio de la cesión de los trajes flamencos, carteles y fotografías recopiladas tras quince años de giras al Centro Andaluz de Flamenco.
El PP apuesta por vigilar las contrataciones
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su grupo propondrá en el Parlamento autonómico la creación de una comisión especial de vigilancia de las contrataciones de la Junta, similar a la que existe en la Comunidad de Madrid.
Durante su intervención en el Foro Andalucía Capaz, Arenas dijo que si su partido gobierna en Andalucía, constituirá una comisión de vigilancia de las contrataciones en el Parlamento autonómico, una Cámara en la que quiere además “abrir el debate a las investigaciones parlamentarias”, ya que “llevamos en Andalucía quince años sin una comisión de investigación”, recordó.
Arenas dijo que “en todo el asunto de los ERE, donde hay tanto abuso y tanto fraude, lo peor de todo es que no tengamos normas”, por lo que consideró “muy conveniente” que el Gobierno remita al Parlamento un proyecto de ley que garantice “procedimientos, normas y sobre todo publicidad” de las ayudas que concede la Consejería de Empleo.
Según el dirigente del PP-A, “se están repartiendo por activa y por pasiva ayudas sin que se conozca su existencia”, tanto en los fondos para ERE, las ayudas a la contratación, a las empresas en crisis o los fondos de formación.
“Por lo menos que tengamos normas que garanticen la publicidad, la transparencia y el control”, dijo Arenas, que añadió que a medida que se van conociendo más datos “lo de los ERE tiene más que ver con los abusos y con las chapuzas” y “a medida que avanzan estos asuntos se elevan más las responsabilidades”.
