El PP pide "formalmente" la dimisión de Chaves y Griñán

El PP ha pedido hoy formalmente la dimisión del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, porque el informe de la Intervención Delegada de Hacienda demuestra que ambos conocían desde el año 2005 "la trama corrupta de los ERE, y no hicieron nada".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha comparecido hoy, en rueda de prensa, para pedir "formalmente y en nombre del partido" la dimisión de Chaves y Griñán tras conocer -a través de la edición regional de un diario- las conclusiones de la Intervención General de la Junta, referidas a 2005, y enviadas a la consejería de Empleo de Andalucía, que en ese momento dirigía el actual presidente autonómico.

González Pons ha asegurado que Griñán conocía desde 2005 las irregularidades con los ERE y que llegó a presidente de la Junta "ocultando" lo que estaba ocurriendo "con las jubilaciones podridas" y ha añadido que "lo mismo se puede decir Chaves, ya que si lo sabía Griñán también lo sabía el entonces presidente de la Junta".

El dirigente del PP ha destacado que el informe no ha llegado al Parlamento autonómico como el partido había solicitado sino que ha sido filtrado a un medio de comunicación, quien ha publicado las cinco conclusiones de la Intervención Delegada de Hacienda de Andalucía, y que el PP ha dado por buenas.

Según estos datos, en 2005 se tramitaron 144 expedientes relativos al caso de los ERE que dieron lugar a un coste no presupuestado de más de 38 millones de euros.

Pons ha añadido que de los 144 expedientes, la Intervención Delegada de Hacienda sólo examinó 20, que confirmaron que se había prescindido totalmente del procedimiento administrativo lo que condujo a pensar que el resto, hasta 144, tenían las mismas anomalías.

El dirigente del PP ha avanzado que el partido redactará de nuevo el expediente completo que piensa llevar a la Fiscalía Anticorrupción, de forma que se incluyan los datos que se están conociendo, y que presentarán previsiblemente la próxima semana.

González Pons ha insistido en la necesidad de que se abra una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz y en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, y ha entendido que el compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el parlamentarismo debería conllevar la aceptación de la misma.

Mientras, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha asegurado que si el líder del PP-A, Javier Arenas, lo acusa de un delito en relación con las supuestas irregularidades en los ERE “tendrá que decirlo en el juzgado”.

Griñán dijo que si Arenas le acusa de responsabilidades políticas “podremos hablar él y yo y le aseguró que le gano en ese tema”, ya que, según dijo, el PP “no ha asumido responsabilidades políticas nunca, mientras que el PSOE lo ha hecho siempre”.

Por su parte, Arenas aseguró que mantiene “de la A a la Z” sus declaraciones sobre que Griñán “supo lo que pasaba” con los ERE “porque lo demuestran los informes de la Intervención”.

En declaraciones a los periodistas en Pozoblanco (Córdoba) Arenas remarcó que Griñán “sabía desde 2005 que se estaban utilizando procedimientos al margen del derecho administrativo” por lo que “ha habido opacidad y ocultamiento” y “eso está demostrado por los informes de la Intervención”.

Según Arenas, en el caso de los ERE “hay que saber dos verdades”, la jurídico-penal y la política, e indicó que “por eso el PP ha pedido ya dos comisiones de investigación y llevará una tercera petición al próximo pleno”.

Por otro lado, el PP desveló la existencia de una carta, firmada por el actual viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, que pone de manifiesto que bajo el mandato de Manuel Recio al frente de la Consejería de Empleo se ha seguido utilizando el mismo procedimiento de ayudas públicas a los ERE.

Se trata de una carta remitida por la Consejería de Empleo a IDEA, con fecha de salida 24 de marzo de 2010, donde se solicita el abono de más de 130.000 euros por ayudas para trabajadores de una empresa, cuyo nombre Esperanza Oña, portavoz del PP en el Parlamento, no desveló.

La carta está firmada por Agustín Barberá y el director general de Trabajo, Juan Márquez, que sustituyó a Javier Guerrero, a quien la Junta responsabiliza de las irregularidades, y está fechada dos días de que Recio tomara posesión, por lo que Oña apunta que siguieron utilizando el mismo procedimiento.