En un comunicado aprobado por unanimidad en sesión plenaria el pasado día 19 de junio, la junta de personal docente no universitario de Cádiz valora negativamente las actuaciones realizadas por la Delegación Territorial de Cádiz durante este curso y pide el cese de la Delegada.
El texto del comunicado aprobado por unanimidad de las organizaciones sindicales de la Junta de Personal es el siguiente:
“Desde la Junta de Personal, nos hubiera gustado hacer una valoración positiva del desarrollo del curso y, con ello, dar un aprobado a la gestión de nuestra Delegación Territorial de Educación, pero atendiendo a varios de los aspectos que más preocupan al profesorado y, en general, a toda la comunidad educativa, la valoración no puede ser buena.
Durante el curso 23/24 la situación, en lo referente a las ratios, no ha variado. Ratios que la Administración maquilla incluyendo centros de poblaciones rurales o diseminadas, lo cual, estadísticamente, provoca que los datos a la baja que ofrece la Consejería no sean reales, ya que, en muchos centros, se llega al máximo aun escolarizando a varios estudiantes con NEAE. Además, a pesar de que, desde el órgano que representamos, hemos solicitado insistentemente los datos de las ratios por unidades de todos los centros de la provincia de Cádiz, la Delegación no los facilita, limitándose a publicar datos globales que quedan maquillados. En aulas con alumnado NEAE se debe revisar la posibilidad de bajar la ratio o aprovechar la baja natalidad para bajar la ratio del máximo permitido mejorando la atención educativa.
Por otro lado, venimos pidiendo un cambio del modelo del actual SIPRI (plataforma de petición de destinos del profesorado), ya que no está atendiendo a las demandas de sustituciones y vacantes sobrevenidas con la celeridad que se precisa, demorando las sustituciones hasta en un mes. Se siguen suprimiendo convocatorias de SIPRI en semanas que tienen algún festivo, en ocasiones incluso sólo en alguna provincia, caso de Sevilla, que termina afectando a Cádiz.
El número de orientadores y orientadoras en la provincia de Cádiz es ridículo y casi testimonial. Nos encontramos con ratios de 1/1000, algo que es totalmente inadmisible y poco efectivo, más teniendo en cuenta que el alumnado NEAE se incrementa y está en situación de vulnerabilidad. La diversidad y la inclusión no pasa por hacer asumir al profesorado cargas y obligaciones que no le corresponden.
Solicitamos a la Delegación Territorial y a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación,una mejora en la relación entre administración y la Junta de Personal: se nos convocó sin tiempo y forma, se nos cancelaron reuniones, se nos convocó posteriormente con tiempo escaso para tratar todos los temas que preocupan en la provincia... Bien es cierto que en la última reunión quedaron aclaradas las funciones, derechos y obligaciones de ambos órganos por lo que esperamos que lo acontecido en este curso no se vuelva a dar. Con todo, es necesario que las personas responsables de los servicios de la Delegación se encuentren en las reuniones que solicitamos, incluidos los Jefes de Servicio. Nos preocupa el estado en el que se encuentran nuestros centros públicos, algunos con más de 50 años y es necesaria la supervisión de sus instalaciones para que no se den situaciones como las acontecidas en las Residencias Escolares de Pto. Real y Jerez de la Frontera, en el IES Zaframagón de Olvera, en el CEIP San Ignacio de San Fernando o en el Colegio de Sordos de Jerez, entre muchos otros.
Venimos sufriendo problemas en los centros por ausencias de plantillas deadministración y servicios, por lo que el profesorado en ocasiones debe hacer esas labores, entre ellos los propios equipos directivos.
En cuanto a los proyectos que ha de visar la APAE, es necesaria una actualización de precios para que las empresas puedan cerrar los proyectos y evitar que se alarguen los plazos de aprobación de los mismos, pues se desactualizan y finalmente no se llevan a cabo.
Nos preocupa así mismo la injerencia que suponen las Directrices de la Administración Educativa contra la Autonomía Pedagógica por la obligación de los centros de informar a la Delegación de las visitas o actividades aprobadas en Consejo Escolar, máximo órgano colegiado de representación de la comunidad educativa. A esta Junta de Personal nos sorprende también que desde esta delegación y en aras de la “identidad corporativa” y la consecución de “una identificación diáfana y moderna” se inste a los centros a “disponer” de una enara “de acuerdo con el diseño establecido y móvil para usar en cualquier evento o actividad”, reseñando foto a modo de ejemplo, así como los datos de distintas empresas. La enara o roll up en cuestión ronda los 130€ y nos preguntamos primero, si es una imposición y segundo si es necesario que todos los centros de Cádiz hagan esa inversión y si no es suficiente la bandera de Andalucía.
Solicitamos a la Delegación de Desarrollo Educativo la creación de una herramienta cercana y útil para trasladar y abrir los protocolos pertinentes en los casos de acoso y/o agresión al profesorado. Queremos trasladar el malestar de muchos docentes que nos informan de que no abren partes por miedo, o que, tras abrirlos, quedan sin efecto. Debemos ser conscientes de que el observatorio de la convivencia no está funcionando. Cada curso se incrementa el grado de conflictividad en las aulas. Es un hecho constatado en los centros educativos, pero que, por las razones que sean, no se genera un registro fiel de la realidad. Desde esta Junta de personal queremos que los docentes puedan trasladar todos los casos de que son víctimas o tienen conocimiento, abrir debate sobre una herramienta para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda comunicar y trasladar cualquier circunstancia que atente contra la convivencia.
No se está reduciendo la carga burocrática que sufre el profesorado. Se hicieron grupos de trabajo para disminuir esta carga y después de dos años, no se ha visto fruto alguno, y no por falta de propuestas y demandas por parte de las organizaciones sindicales.
Tenemos varios interrogantes planteados a la Delegación Territorial sin contestar como son, entre otros: las obras del CEIP Tierra y Libertad de Puerto Real, escolarización en centro concertado de familia que solicita sólo centros públicos en El Puerto de Santa María, solicitud realizada por el Ayuntamiento de Tarifa de un nuevo centro de Secundaria para el que ha ofrecido terrenos, aula de Educación Especial del CEIP Trocadero de Puerto Real y pérdida de una línea en este centro, pérdida de unidades de Secundaria en la Zona Norte de El Puerto de Santa María, etc.
En base a todas las carencias señaladas, falta de actuación, comunicación y eficacia, esta Junta de Personal solicita el cese de la actual Delegada Isabel Paredes Serrano, en aras de mejorar los problemas señalados y avanzar.”
