El pasado 22 de mayo, Ana María Silva, vecina de la 8ª fase del Cerro del Moro, expresó su contento por el anuncio de licitación por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de las obras para la construcción de las 67 viviendas públicas que esperan desde los años 90.
Enrique Estévez, portavoz de los afectados, también compartió su alegría, pero adelantó a VIVA CÁDIZ una inquietud que quedaba por aclarar. AVRA planteó a los inquilinos, propietarios de sus casas, que abonarían una diferencia por las nuevas de acuerdo a la diferencia del valor por metros cuadrados, y las viviendas serían de protección oficial, de manera que no podrían venderse en diez años. Sin embargo, la Administración autonómica se refiere a los pisos como viviendas públicas en régimen de alquiler, en la nota remitida a los medios de comunicación por parte de la Junta de Andalucía reitera esto.
Hoy, en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana advirtieron de que, efectivamente, la propuesta inicial de la agencia pública ha decaído.
“Pretenden que 67 familias permuten una vivienda en propiedad que han comprado con mucho esfuerzo, familias humildes, por otra de alquiler en 50 años”, denunció Helena Fernández, por parte de la coalición de izquierdas.
“Antes de ceder gratuitamente el suelo (donde se van a construir los bloques por parte del Ayuntamiento a AVRA, cuestión que se ha aprobado en esta sesión) debería haber cerrado la situación de estos vecinos, debería haberlos protegido”, afeó Natalia Álvarez, concejala socialista, al alcalde, Bruno García.
La portavoz popular, Maite González, aseguró, sin embargo, que el primer edil estaba en contacto y coordinación con la Junta de Andalucía para que ningún inquilino “no van a perder derechos”.
Sin embargo, no es la sensación que tenían a última hora de la tarde. Estévez mantuvo una reunión a las 10.30 horas con técnicos de AVRA y trasladó en un encuentro con los afectados a las 18.00 horas que, efectivamente, las nuevas viviendas serán entregadas en régimen de alquiler durante 50 años.
La Administración autonómica tiene previsto adquirir previamente los pisos que ocupan en la actualidad, y que serán demolidos.
Esto se debería a que la línea de financiación de la obra por parte de la Unión Europea (UE), un tercio del presupuesto, que asciende a 7,1 millones de euros, solo contempla el arrendamiento.
“No estamos de acuerdo”, valora Estévez, porque “los vecinos se vieron obligados en su momento a comprar la casa, son propietarios y van a dejar de serlo”.
Cada familia tiene, además, sus particulares condiciones económicas y una situación particular.
Los técnicos de AVRA tienen previsto reunirse individualmente con cada una de ellas, pero no parece fácil de resolver un conflicto con el que los vecinos, agotada la paciencia, no esperaban tener que enfrentar.
