El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por segunda vez, la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, que incluye los mismos objetivos de déficit y deuda que fueron rechazados por el Congreso en julio y que, por el momento, no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la aprobación de la misma senda porque da mayor margen fiscal a comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar sus servicios que la actualmente vigente.
"Si el PP y algún otro grupo vota en contra de esta senda", ha advertido Montero sin hacer referencia a Junts, "estará obligando a hacer un ajuste" de 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y de 4.950 millones en dos años a las entidades locales, un total de 11.550 millones.
Asimismo, ha recordado que las regiones gobernadas por el PP se abstuvieron en la votación de esta senda, por lo que ha pedido a la formación que "desista de esa idea" de votar en contra, ya que obligaría a rehacer las cuentas de comunidades autónomas y ayuntamientos para adaptarlas a otros objetivos fiscales.
La senda y el techo de gasto para el próximo año -también aprobado este martes, pero que no se vota en las Cortes- constituyen el paso previo a los presupuestos de 2025, que el Ejecutivo pretende presentar incluso aunque los objetivos de déficit no logren el aval de las Cortes.
"El Gobierno de España va a presentar los Presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy, ojalá, o con la anterior", ha defendido Montero, con el objetivo de "seguir avanzando en consolidación fiscal, impulsando el crecimiento económico y reforzar el Estado del bienestar".
Déficit del 2,5 % del PIB en 2025
La senda de estabilidad aprobada este martes es idéntica a la rechazada en julio y prevé que el déficit público baje al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1 % del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente-.
La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- queda fijada en el 3,2 % para 2025, el 3,3 % para 2026 y el 3,4 % para 2027, lo que ayudará a bajar la deuda pública al 103,6 % del PIB, el 101,8 % del PIB y el 99,7 % del PIB, respectivamente.
Por lo que respecta al límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año -que se debate en las Cortes pero no se vota- se sitúa en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más, una cifra que se eleva hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos.
Presupuestos aunque no haya senda
El Congreso rechazó en julio la primera senda de estabilidad después de que Junts sumara sus votos a los de PP y Vox -tras conocer el acercamiento entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat-, un voto que tendría que cambiar para que la nueva senda saliera adelante.
En caso de que las Cortes no avalaran la senda, Montero ha asegurado que presentará un proyecto de presupuestos para 2025 basados en la senda vigente, que sitúa el déficit público en el 2,7 % el próximo año pero es más estricta con comunidades autónomas y ayuntamientos.
De hecho, fuentes cercanas al Ejecutivo han descartado que un eventual rechazo parlamentario a las cuentas -que implicaría prorrogar por segunda vez las de 2023- vaya a suponer un adelanto de las elecciones generales, como ocurrió cuando se tumbaron los presupuestos para 2016 y 2019.
En paralelo a la presentación del proyecto presupuestario, el Gobierno tiene que remitir a Bruselas un plan de reequilibrio fiscal a medio plazo, el primer documento de este tipo ajustado a las nuevas reglas fiscales europeas.
