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Servicios Sociales de Diputación rechaza la creación de un organismo para gestionarlos

La plantilla estructural, de unas 450 personas, se verían afectadas por un supuesto ahorro que no satisface las necesidades del modelo actual

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Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han celebrado una asamblea de trabajadores a las puertas de la Diputación provincial para explicar las implicaciones y los perjuicios que conllevaría la creación de un organismo autónomo para gestionar los servicios sociales, incluidas las residencias de mayores, como pretende el Gobierno de la Corporación provincial (PP y La Línea 100x100). Tras la asamblea, y aprovechando que en el interior de la Diputación tenía lugar un pleno ordinario, los sindicatos y gran parte de la plantilla afectada han mantenido una protesta, exigiendo que se detenga el plan previsto.

Las tres secciones sindicales han mostrado su unión con el objetivo de impedir que este organismo se ponga en marcha, convencidas de que los servicios esenciales deben estar gestionados directamente por la Diputación, ante la sospecha de que este sea un primer paso para externalizar y privatizar las residencias de mayores. Hay que tener en cuenta que la plantilla nueva de las residencias de mayores tendría un convenio parecido al del sector privado.

Aparte de la precarización y pérdida de derechos de los futuros trabajadores del área de Servicios Sociales (residencias, drogodependencias, etcétera), y principalmente del personal nuevo de residencias, los sindicatos consideran que esta maniobra “menguaría la calidad y atención de nuestros mayores, lo que nos parece los más preocupante de esta iniciativa”.

Del mismo modo, los tres sindicatos alertan de que este “puede ser el principio de una política que, en el futuro, llevaría a aplicar la misma estrategia con el resto de servicios y áreas de la Diputación provincial”. De hecho, ya se intentó hace unos años con el servicio de Recaudación provincial, pero gracias a la acción unida de los sindicatos implicados se logró detener a tiempo.

El plan de creación de un organismo autónomo afecta a unas 450 personas de la plantilla estructural, a la que habría que sumar interinidades y otros profesionales contratados. Y ante la escasa información aportada por la Diputación, se está viviendo una incertidumbre que en nada mejora la calidad asistencial a los usuarios, que, “recordamos, son población sensible”. Para los sindicatos, el modelo actual es el correcto y no se entiende que el Gobierno de la Diputación quiera cambiarlo para un supuesto ahorro que implicaría reducir costes y por tanto calidad asistencial.

Las movilizaciones continuarán cada miércoles frente a la Diputación provincial de Cádiz hasta que se logre parar la creación de este organismo autónomo.

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