En un recurso al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Fernández asume como "inevitable" la investigación patrimonial sobre el exconsejero, pero añade que indagar en los bienes de su familia es una medida "a todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria e inútil".
Se trata de una docena de personas, entre ellos los dos hijos y cuatro hermanos del exconsejero, que verán "gravemente perturbada" su "pacífica convivencia y tranquilidad personal y familiar", en una investigación "abiertamente lesiva de su derecho a la intimidad y a la privacidad".
La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, ha pedido a la Policía investigar el patrimonio del exconsejero de Empleo, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE, en una investigación extensiva a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.
Los destinatarios de la investigación son "sujetos plenos de derechos y obligaciones, con su vida propia enteramente independiente de la del señor Fernández y sus circunstancias", sostiene el recurso.
Ser investigado en su patrimonio "supone padecer acceso a la propia privacidad e intimidad personal", dice el recurso, que apela al convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.
El recurso presentado por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo destaca que esa investigación sume a Fernández "en completa indefensión", pues "ni siquiera ha sido oído ni policial ni judicialmente, por lo cual no ha tenido ocasión de brindar su propia versión de lo acontecido y ofrecer los elementos exculpatorios a su alcance".
Además, hasta donde conoce la defensa, "en ningún momento" el exdirector Guerrero "ha manifestado lo que se dice en el auto" en el sentido de que Antonio Fernández fuera conocedor de que se habían incluido en los ERE a personas próximas o que nunca habían trabajado en las empresas.
Fernández aprovecha para entregar documentos que, asegura, demuestran que fue incluido en el ERE de la bodega González Byass "obligatoriamente por criterio de edad" y que no se incluyó a sí mismo en el expediente.
Fernández considera que la investigación patrimonial de su familia es una decisión "profundamente injusta", mientras que en su caso personal "lo asume con total tranquilidad, desde la seguridad de que de tal investigación solo resultará la absoluta ausencia de cualquier situación o indicio" de irregularidades, dice su defensa.
