Este acuerdo, que será elevado a la subcomisión parlamentaria contra los abusos hipotecarios, no incluye sin embargo la petición de otros grupos como ERC, IU-ICV y BNG, que pedían que la entrega de la vivienda pudiera saldar el préstamo también en caso de hipotecas ya vigentes en el caso de "deudores de buena fe".
Asimismo, se estudiará elevar el "exiguo" porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria si la subasta queda desierta. Actualmente está fijado en el 50% por la Ley de enjuiciamiento civil.
El objetivo es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".
También se analizarán y supervisarán las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, con el fin de evitar "cláusulas abusivas", con especial atención a las que limiten la variación mínima de los intereses variables en función de la evolución de los tipos.
INEMBARGABILIDAD DE RENTAS
Además, se redefinirá la línea ICO moratoria de hipotecas, se impulsarán acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a precios asequibles y se revisarán los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.
Por último, PP y CiU aceptarán la propuesta del Gobierno de tener más en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
