El alcalde de Cádiz, Bruno García, quiere que 2025 “sea el año de la vivienda”. Lo dijo en víspera de Nochebuena, en comparecencia pública tras compartir el tradicional desayuno navideño con los periodistas en el Ayuntamiento. En los próximos doce meses, aseveró, “veremos cómo se construyen las 106 primeras viviendas de este Gobierno local”, a las que suman las 63 del mandato anterior en ejecución. A la par, reiteró, continuará poniendo coto a la proliferación de inmuebles con fines turísticos, hasta reducir su número al 4% del total. El primer edil ha manifestado desde su toma de posesión hace un año y medio que esta es la prioridad y, efectivamente, ha puesto empeño en facilitar la operación que impulsa Zona Franca y Gobierno de España en Navalips para la construcción de más de 800 pisos, y el inicio de la construcción de los 67 del Cerro del Moro, y ultima un convenio con la Junta de Andalucía para recuperar fincas y solares en los que construir. El objetivo último es frenar la sangría poblacional. Los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dispararon las alarmas, al apuntar que el padrón se sitúa por debajo de los 111.000 habitantes. Con una pérdida de 23.000 vecinos en solo las dos últimas décadas, caer por debajo de la barrera de los 100.000 conllevaría la pérdida de 40 millones de euros por parte del Estado.
Pero Cádiz no solo afronta este reto mayúsculo en 2025. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha licitado el primer proyecto para la integración muelle-ciudad. El ente invertirá cinco millones de euros para una iniciativa que tendrá un año de plazo de ejecución. Los trabajos previstos en el Muelle Ciudad contemplan una franja verde ajardinada y arbolada, zona de juegos, dos fuentes transitable, dos módulos de hostelería y espacio multiusos en una zona de 22.500 metros cuadrados que comprende toda la zona anexa a este muelle y la zona de entronque con la terminal de catamaranes de la Junta de Andalucía en el inicio del Muelle Reina Victoria. La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, advirtió a la ciudadanía recientemente que la integración muelle-ciudad corresponde a “planes de largo recorrido, no es un huevo que se echa a freír”, que precisará de millones de inversión por parte de todas las administraciones públicas. Y apostilló, dado el calado de las actuaciones, que “no podemos equivocarnos”.
El tercer desafío para el municio es la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que permitirá reducir el 35% del tráfico que soporta el casco antiguo en la actualidad, pero impondrá restricciones en la circulación. De este modo, solo estarán autorizados a rodar por este espacio los residentes, así como los huéspedes de hoteles, vehículos sanitarios o de servicios para carga y descarga, por ejemplo, o los de uso público. El resto tendrá que solicitar autorización, que tendrá cupo, previsiblemente, para hacerlo en casos excepcionales como asistencia a un familiar.
El equipo de Gobierno ultima la redacción de la ordenanza que establece la zona, de la que queda excluida la circunvalación, desde la Cuesta de las Calesas hasta el Campo del Sur, para cuya ejecución se han instalado cámaras y un sistema informático que gestionará la Empresa Municipal de Aparcamientos, EMASA. Cabe recordar que incumplir con los controles será sancionable, si bien el Ayuntamiento tiene la intención de no imponer multas durante los primeros seis meses.
