La Junta espera que el Tribunal Supremo establezca el marco común para EpC

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, ha confiado en que el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC) sirva para establecer un marco de actuación "claro y común" sobre esta asignatura para todas las comunidades. 


Está previsto que el Supremo se pronuncie el próximo 26 de enero, cuando fallará los recursos presentados a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias. 


Mientras el TSJA ha reconocido a unos padres el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía, el de Asturias se ha pronunciado en sentido contrario y ha rechazado que exista tal derecho de objeción en este caso. 


La consejera confía en que el pronunciamiento del Tribunal Supremo se traduzca en una unificación de doctrina que permita "un marco de actuación claro y común a todas las comunidades que clarifique cuál ha de ser la respuesta" de éstas, ha dicho a Efe. 


Por otra parte, respecto a la publicación en el BOJA de la identidad de los objetores a Educación para la Ciudadanía, Jiménez ha reiterado que se trató de una relación de expedientes que, en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo, intentaron notificar "hasta dos veces" sin conseguirlo. 


"Lo que pretendimos fue garantizar el derecho de esos padres y madres, y por tanto de los menores, a participar en un procedimiento administrativo que ellos mismos habían iniciado", ha agregado. 


La consejera mantiene que no fue voluntad de su departamento "lesionar derechos de nadie" y ha indicado que ya han acatado las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz y dado instrucciones para que no vuelvan a publicarse nombres de menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).