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La Fiscalía Antidroga reclama juzgados especializados

Propone un SIVE móvil en el río Barbate y reclama agilidad en las autorizaciones para la destrucción de partidas de droga

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  • La fiscal jefe, Ángeles Ayuso -

La Sección de Fiscales Antidroga de la provincia de Cádiz ha incoado a lo largo de 2011 un total de 3.488 procedimientos y ha formulado 2.290 escritos de acusación, de lo que se desprende que el negocio del narcotráfico “marcha muy bien” y que no se ha producido la “ansiada disminución” de la actividad criminal. No obstante, destaca que, gracias a la “entrega y dedicación” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la prevención y represión del tráfico de drogas mantiene “un alto nivel de eficacia”.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, que ha presentado el resumen de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de 2011 -la memoria íntegra se publicará en septiembre, tras la apertura del año judicial- acompañada por los delegados de la misma en Cádiz, Ana Villagómez y Emilio Miró Rodríguez, así como por la fiscal adscrita de Jerez de la Frontera, Marián González.

Ayuso ha destacado precisamente la labor de esta última, proponiéndose en la memoria que pase de ser adscrita a delegada, lo que le permitiría asumir más responsabilidades y decisión, redundando en una “mayor agilidad” que se considera “fundamental” en esta materia.

Esta es la segunda vez que se solicita a la Fiscalía General del Estado que, debido a sus problemas específicos, Cádiz pase a ser la única provincia española con tres fiscales delegados, si bien desde la Fiscalía Antidroga central les han avanzado que dicha petición va a ser apoyada en esta ocasión.

Por otra parte, y “aunque sea como voces que claman en el desierto”, incluyen en la memoria una propuesta legislativa sobre la necesidad de crear juzgados de instrucción especializados en esta materia, como ya ocurriera con los juzgados específicos de violencia de género. Justifican esta petición en “el extraordinario número de asuntos por delitos contra la salud pública” y, sobre todo, por la “extrema complejidad de la fase de instrucción”.

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