Un informe de la Guardia Civil afirma que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde abril, fue incluido como beneficiario en el ERE de la bodega jerezana González Byass, aunque no tenía derecho e intentó demostrar que había renunciado a la ayuda después de iniciada la actual causa judicial.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, dice que Fernández fue adjudicatario de una ayuda de 386.181 euros, cantidad que, si bien no cobró, "al menos tuvo la intención de hacerlo".
Este informe entregado a la juez Mercedes Alaya es ampliación del presentado semanas atrás y se centra en los 94 trabajadores de la bodega, en la que según la UCO Fernández no había pedido prórroga de su primera excedencia, por lo que había perdido "el derecho al beneficio de reincorporación automática".
Pese a ello, figuraba en todos los listados de trabajadores acogidos al ERE, en los que "llama poderosamente la atención que se le asigna una fecha de antigüedad igual a la de su nacimiento", lo que, según algunos testigos, era un "error de mecanización".
Fernández, según la UCO, "contravino un criterio objetivo" en su propia inclusión como beneficiario, pues tenía 52 años en 2008 y la condición era haber cumplido 55, y además era indispensable tener dificultades de inserción en el mercado laboral, pero en su caso había sido concejal y alto cargo de la Junta.
Recoge la Guardia Civil que el 30 de junio de 2011, Fernández pidió a la empresa mediadora en los ERE que certificase que no era beneficiario de la póliza, pero lo hizo "tiempo después de que se hiciese público y notorio casos como el ERE de Mercasevilla" y tras la apertura de la presente causa judicial por los ERE fraudulentos.
Por ello, los investigadores concluyen que su petición de ser declarado no beneficiario "es un intento de diluir su responsabilidad en el expediente de González Byass".
También califican de "significativa y reveladora la no abstención de Antonio Fernández" en la reunión que mantuvo el 15 de marzo de 2010, cinco días antes de cesar como consejero, con representantes de la bodega en el bufete Garrigues para tratar el expediente de la empresa.
Además, al ser un "interesado en la causa", estaba obligado por ley a comunicar a sus superiores que la consejería de la que era titular iba a otorgar una ayuda a un conjunto de extrabajadores de González Byass, entre los que él mismo se encontraba, por lo que se trataba de un "claro caso de abstención".
También debería haber ordenado a su subordinado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que se abstuviese en la aprobación de un ERE "en el que conocía que era beneficiario e interesado".
El 22 de abril pasado, cuando declaró ante la juez Alaya, que lo envió a prisión, Fernández declaró que no firmó la póliza de adhesión cuando lo hicieron los otros 93 trabajadores y que ese era un "requisito constitutivo" que le hizo perder el derecho a cobrar.
