El presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intervenga "ante la amenaza de ilegalización remitida a la organización desde el Ministerio de Sanidad".
FACUA ha divulgado hoy la carta que le ha dirigido a la Defensora del Pueblo en la que le informa "del proceso emprendido" por la presidenta del Instituto Nacional del Consumo (INC), Pilar Farjas, para "proceder a nuestra exclusión del Registro Español de Asociaciones de Consumidores y por ello ilegalizarnos como asociación de consumidores".
En esta carta, Sánchez Legrán dice que el INC aplicará dicha decisión si FACUA no cesa en sus "críticas contra las medidas de recortes de derechos en materia de sanidad, educación y justicia que está imponiendo dicho gobierno con la excusa de la crisis económica que padece nuestro país".
En opinión del presidente de FACUA, el Gobierno realiza "una interpretación absolutamente restrictiva" de la legislación "al considerar que las organizaciones de consumidores que defiendan a los usuarios de los servicios sanitarios o de educación se están extralimitando en sus funciones".
Para FACUA, esta decisión enmascara la "intolerancia" del Gobierno frente a "la legítima crítica" a sus "políticas lesivas contra los intereses ciudadanos", entre las que cita "cerrar centros de salud, aumentar el precio de los medicamentos, dejar de bonificar medicamentos por la Seguridad social o aumentar el número de alumnos por aula", entre otras.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han insistieron ayer en que este departamento no tiene ninguna intención ni interés en ilegalizar a ninguna asociación, pero han incidido en que el registro de asociaciones de consumidores y usuarios tiene unos requisitos y hay que cumplirlos, y en que si una organización no lo hace puede constituirse como asociación, pero al margen de ese registro
