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Sevilla

Condenan al Gobierno por cambiar una protesta ante el congreso del PP

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado "nula de pleno derecho" la decisión de la subdelegación del Gobierno en Sevilla de cambiar una concentración ante el hotel donde mañana celebra su congreso provincial el PP y ha impuesto al Gobierno el pago de 600 euros de costas judiciales

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado "nula de pleno derecho" la decisión de la subdelegación del Gobierno en Sevilla de cambiar una concentración ante el hotel donde mañana celebra su congreso provincial el PP y ha impuesto al Gobierno el pago de 600 euros de costas judiciales.

La sala de lo Contencioso del TSJA, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, dice que la decisión del Gobierno es "nula de pleno derecho" porque limita el derecho de reunión protegido por la Constitución.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM-E) en Andalucía había pedido concentrarse mañana viernes, de 10 a 12 horas, frente al hotel Los Lebreros de Sevilla, donde se celebrará el congreso provincial del PP, pero el Gobierno obligó a los convocantes a desplazarse hasta la acera de enfrente.

La decisión del Gobierno, según el TSJA, olvida que un informe de la Policía Local no apreció riesgo para la concentración ni "posible incompatibilidad con otros actos", ni riesgos para el tráfico en la zona.

Además, la Comisaría de Policía tampoco apreció "inconveniente alguno para que se lleve a efecto la concentración, ya que no existe ninguna razón fundada de que pueda producirse algún tipo de alteración del orden público".

El alto tribunal añade que la concentración "se limita a cuatro horas, sin que se hayan indicado corte de calles o de circulación", pues los policías pretenden manifestarse en la acera.

También valora que precisamente la voluntad de los convocantes es manifestarse frente al lugar de celebración del congreso del PP porque quieren "efectuar su reivindicación frente al alcalde" de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP).

Al rechazar todas las pretensiones de la administración, el TSJA le impone el pago de las costas judiciales, con un máximo de 600 euros, ha informado a Efe el Bufete Albareda, que defendió al sindicato.

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