Lo adelantaba este periódico. Lo confirman en Madrid donde ha estado el alcalde de San Fernando, José Loaiza, interesándose por los muchos contenciosos que la ciudad tiene con Costas habida cuenta de su singularidad y de su afectación que en demasiados momentos ha supuesto un lastre para su desarrollo.
Las marismas y esteros no tienen por qué ser un lastre debido a una Ley de Costas excesivamente restrictiva, sino una oportunidad de negocio y de riqueza para toda la Bahía de Cádiz a poco que la gente se ponga el mono de faena y comience a cambiar la lamentación por creatividad. Con permiso de los cicateros bancos, naturalmente.
La presencia el pasado martes del alcalde de San Fernando, José Loaiza, en la sede de la Dirección General de Costas sirvió para que el presidente de la Corporación conociera de primera mano en qué manera va a repercutir la nueva Ley de Costas –actualmente en fase de anteproyecto- en San Fernando y de manera muy especial en las empresas locales dedicadas a la explotación de salinas y esteros.
Nuevas industrias
Pero además de lo ya existente, el interés de Loaiza recaía en verificar si el nuevo escenario planteado por esta Ley abre posibilidades para la expansión de nuevas iniciativas empresariales acuícolas en la zona.
Del encuentro con Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Loaiza obtuvo la confirmación de que la nueva legislación garantiza la supervivencia de las industrias acuícolas existentes y favorecerá la implantación de otras nuevas.
“San Fernando cuenta con una gran extensión de terreno que posee un enorme potencial para el desarrollo de nuestra ciudad. Aunque la situación económica y financiera no ayude mucho en este momento, tenemos que atraer nuevas iniciativas empresariales que, con el ejemplo de las existentes, devuelvan a los caños, salinas y esteros de la zona el valor industrial que históricamente han tenido para La Isla”, afirmó.
También recalcó que la explotación de estos recursos naturales podría suponer un gran impulso económico para la Bahía en general y “para San Fernando en particular” sin olvidar que este tipo de empresas, con el trabajo que desarrollan, “no sólo contribuyen a generar empleo y riqueza, sino que además preservan y favorecen las áreas de marismas y esteros donde se implantan”.
Uno de los grandes cambios previstos en la nueva Ley, explicó Loaiza, es la consideración del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPM-T). Hasta ahora la Ley de Costas ofrecía una interpretación muy amplia de este concepto, sin especificar si las zonas inundadas lo eran de manera artificial o natural, lo que fue en claro detrimento del sector.
De hecho muchos de los terrenos en propiedad donde estaban asentadas las empresas, pasaron a convertirse en DPM-T y expropiados a sus dueños pasando a convertirse en una concesión administrativa sin tenerse en cuenta las grandes inversiones en transformación de terrenos de titularidad privada que fueron inundados artificialmente.
Ha sido negativa
Para Loaiza la negativa repercusión que ha tenido en toda la zona la anterior Ley de Costas -promulgada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1988- es “evidente”, puesto que además de generar una clara inseguridad jurídica en las empresas existentes –ya que, en el mejor de los casos, las concesiones del terreno era de treinta años lo que impedía amortizar la gran inversión que se hacía necesaria para echar a rodar una industria de este tipo- disuadió a posibles nuevos inversores”.
Ahora, con la nueva Ley “contamos con una herramienta muy útil que debe contribuir al progreso de nuestra ciudad. San Fernando debe encontrar en su entorno natural una oportunidad de desarrollo, para generar riqueza y empleo respetando al máximo el medio ambiente, que es nuestro gran legado y patrimonio, y el Gobierno de España así lo ha entendido, como demuestra este nuevo articulado”.
