Los trabajadores del sector de los cítricos, que han iniciado este jueves una huelga en el ámbito territorial del Bajo Guadalquivir en Córdoba, en los pueblos de Almodóvar del Río, Posadas, Palma del Río y Hornachuelos, además de los sevillanos de Peñaflor y Lora del Río, han cortado durante unos diez minutos con neumáticos ardiendo la carretera autonómica A-440, que une los municipios cordobeses de Palma del Río y Fuente Palmera.
Así lo han confirmado a Europa Press testigos presenciales, que han detallado que el corte de la vía se ha registrado en torno a las 6,00 horas, si bien no se han registrado incidentes de gravedad en esta primera jornada de huelga, convocada hasta el día 15, y en la que también ha habido distintos piquetes informativos, concretamente en Palma del Río.
Desde el sindicato CTA y el Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir califican de "éxito absoluto" el seguimiento de la huelga, sobre todo en los pueblos de Posadas y Palma del Río, al tiempo que destacan que está paralizada la recolección de la naranja y también la práctica totalidad de almacenes.
Al respecto, esperan que "los empresarios que están discriminando a los trabajadores locales en la contratación y que no están cumpliendo con el convenio colectivo, que fija en 46,31 euros día más plus de transporte, dar de alta en la Seguridad Social, jornada de seis horas y diez minutos y el pago por transferencia bancaria o cheque nominal, reflexionen y estén dispuestos a aceptar la creación de una bolsa de trabajo con el censo agrario".
De este modo, advierten de que "los empresarios tienen en sus manos, paralizar la huelga o que ésta se repita", entre los días 11, 12, 13, 14 y 15 o "incluso que se alargue en el tiempo", en caso de que "la patronal, que está incumpliendo con el convenio colectivo e instalando en la miseria a los jornaleros, no rectifica".
Los motivos que provocan esta huelga son que "muchos empresarios del sector suplantan la mano de obra local a través de empresas de trabajo temporal y de corredores y manijeros que actúan como empresas de trabajo temporal ilegales, por mano de obra de países extranjeros, creando en los trabajadores lugareños una legión de parados que obligan a trabajar en condiciones de miseria".
En concreto, los trabajadores proponen que se cree una bolsa de trabajo supervisada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los ayuntamientos de cada localidad y una representación de la asamblea de jornaleros de cada municipio y sea esta comisión quién tenga el control sobre la contratación "para que no se produzca la suplantación de mano de obra de la comarca por mano de obra barata en fraude de ley".
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