El que rompe paga y se lleva los tiestos. Esa era la frase e incluso está contemplada, con otra redacción, en la Ley para aplicarla a aquellas personas que por acción u omisión en sus quehaceres públicos, por los que cobran, no fueran capaces de custodiar el dinero de todos y tuvieran que reponerlo de su propio patrimonio.
El último viacrucis que le queda a La Isla comienza el día 19 de junio, el juicio contable en el que se dirimirán las responsabilidades de cada uno de los actores por el alcance de 7,9 millones de euros en la Caja del Ayuntamiento y para los que se pide la totalidad del dinero perdido más los intereses -9,5 millones de euros- a los dos ex cajeros, que obviamente no podrán hacer frente a esa cantidad.
La Ley señala en esos casos como responsables subsidiarios a los demás responsables del dinero de la Caja municipal, cargos técnicos y políticos, pero no todo el dinero que no puedan pagar los dos únicos, hasta el momento, imputados en la causa penal.
Pero la Ley no es el refrán popular y a raíz de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de San Fernando ante el Tribunal de Cuentas y asumida por el Fiscal, no se pagará el precio completo de lo perdido, sino la parte proporcional “al tiempo, las funciones administrativas desempeñadas y a los complementos salariales” percibidos.
A José Antonio López Fernández, antes tesorero y ahora interventor, se le pide un importe de 105.847 euros, distribuidos en 57.000 por su cargo de interventor y 48.000 por el de tesorero; a Rafael Monzón Ristori, interventor hasta el año 2006 una cantidad de 61.525 euros y a la actual tesorera María de las Virtudes Gómez Montero, una cuantía que alcanza los 39.392 euros.
A los dos ex alcaldes, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, 39.000 euros a cada uno, sin tener en cuenta el tiempo que estuvo cada uno en el cargo en los años en los que tuvo lugar el alcance, ya que ellos no controlaban sino que se limitaban a dar el visto bueno.
Vista la demanda del Ayuntamiento, hay varias cosas que están claras a estas alturas, cuatro años después de aquel 1 de abril de 2009 cuando se demostró que todos los controles económicos fallaron estrepitosamente.
La primera es que el dinero no se va a recuperar, por cuanto los principales acusados no pueden devolverlo y lo que la Policía ha logrado rastrear no llega a cuatro millones de euros y es dinero gastado. O sea que una cosa es rastrear en qué se ha gastado y otra recuperarlo.
La segunda es que incluso aunque los cajeros fueran declarados culpables del delito del que se les acusa en el juicio penal, la condena no sería superior a cuatro años y en el caso de Clemente Ruiz García, ya tiene cumplida casi la mitad. Y aún no ha sido declarado culpable, penalmente.
El alcalde de San Fernando, José Loaiza (PP), calificó como “muy profesional” y “sin intereses políticos” la actuación del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas como prueba que la Fiscalía del Estado se haya adherido a la demanda que presentó en su día el Consistorio. Por ahora.
Muy bien. Pero vistos los dos últimos razonamientos, en La Isla seguirán faltando 7,9 millones de euros -9,5 millones con intereses- porque nadie había cumplido perfectamente con su obligación.
