La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que va a "leer la letra pequeña de lo que dice la Comisión Europea" sobre el decreto de vivienda de la Junta en lo referente a expropiaciones de viviendas a bancos, aunque ha subrayado que ese decreto "crea inseguridad jurídica".
A preguntas de los periodistas, Crespo ha señalado en rueda de prensa que "hay que esperar a conocer los detalles de lo que establece la Comisión Europea" y ha recordado que el Gobierno central "desde marzo está poniendo medidas encima de la mesa para las personas que están en exclusión social y tienen problemas con su vivienda".
Ha añadido que la norma de la Junta "no es el decreto idóneo, aporta poco y crea inseguridad jurídica, y el tema de las expropiaciones es lo que ha establecido la Comisión Europea como cuestión dudosa".
"La consejera (de Fomento y Vivienda, Elena Cortés) hablaba de doscientos afectados en Andalucía, cuando hasta abril la propia consejera estaba firmando desahucios a través del Boletín Oficial de la Junta", ha añadido la delegada del Gobierno.
Ha insistido en que van a "estudiar y conocer los detalles de lo que dice la Comisión Europea" y que la ley del Gobierno "es muy clarificadora y ha dado muchas posibilidades a las personas que lo están pasando mal con su vivienda".
En este sentido, ha citado la posibilidad de "la negociación con el banco, la quita de intereses o incluso, en casos extremos, la dación en pago, el aplazamiento a personas desahuciadas o poner a personas en exclusión social viviendas susceptibles de alquiler".
En el caso andaluz, le gustaría que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) "pusiera viviendas a disposición de los andaluces que lo están pasando mal", porque la Junta "podría haber empezado por ahí".
Además, el gobierno andaluz debería "generar recursos y posibilidades con el dinero que el Estado manda a la comunidad autónoma en cuestión de vivienda, cerca de cien millones de euros en los Presupuestos Generales".
Crespo ha reiterado que van a "leer la letra pequeña de lo que dice la Comisión Europea, pero esto ahonda en lo que el Gobierno de España ha dicho al respecto".
