"La capacidad de resistencia de las familias frente a la crisis cada vez es menor, lo cual hace que la inversión pública sea más necesaria que nunca", frente a unas políticas de austeridad "excesivamente rígidas y profundamente inequitativas", según se desprende del último informe elaborado por Unicef, que sitúa a la infancia y las familias vulnerables en "el epicentro" de la crisis económica global y reclama "una recuperación con rostro humano".
El trabajo, editado por el economista Tomás Jimenez Araya y elaborado por expertos internacionales, analiza las tendencias de empleo y salarios, el precio de los alimentos y las medidas puestas en marcha contra la crisis en países de todo el mundo para concluir que "las políticas de ajuste y austeridad no sólo tienen que considerar si consiguen sus objetivos económicos, sino también cómo los consiguen".
Según afirma, las familias tienen cada vez menos capacidad de resistencia porque se ven "forzadas" a una reducción de su dieta diaria en cantidad y calidad, al recorte de sus gastos familiares en salud y educación, a una ampliación del número de horas trabajadas en el sector informal y a un mayor endeudamiento.
En paralelo, el "grave deterioro" del empleo se ha traducido en mayor desigualdad y pobreza "tanto a nivel europeo como español", alcanzando "dimensiones desconocidas por las generaciones más jóvenes", con cerca de dos millones de familias españolas que no reciben ningún salario y han agotado las subvenciones por desempleo.
Unicef afirma que frente a este panorama, "las políticas de control presupuestario que tienen en cuenta de forma explícita las necesidades en materia de salud, nutrición, educación, empleo y vivienda dignos para los grupos de población más vulnerables serán más adecuadas para proteger y promover el bienestar humano que aquellos planes que ignoran o consideran de forma secundaria o residual estas necesidades básicas".
LA AUSTERIDAD "EXACERBA" LAS DESIGUALDADES
En este sentido, afirma que "las políticas de austeridad predominantes están exacerbando en lugar de paliar los desequilibrios estructurales preexistentes, con un alto costo humano, en términos de desempleo masivo y más pobreza y desigualdades sociales" e incide en que "tras un lustro de ajustes fiscales, nunca como ahora ha sido tan urgente la necesidad de actuar para promover nuevos enfoques".
Así, reclama "políticas alternativas" orientadas hacia un conjunto de reformas económicas y sociales que "estimulen el desarrollo y favorezcan la equidad". "Europa, especialmente en los países meridionales incluida España, como en gran parte del mundo en desarrollo, las demandas de cambio en favor de los más vulnerables --situados en el epicentro de la crisis-- son cada vez más elocuentes", apuntan los expertos.
Para UNICEF, no se trata simplemente de volver a la situación anterior a 2008, cuando el mundo ya estaba sumido en una "profunda crisis humanitaria" y al menos 900 millones de personas no tenían para comer, sino de lograr que el debate de las políticas públicas se centre en la corrección de "los desequilibrios globales persistentes" en lugar de centrarse en "mitigar los impactos" de la crisis para "retornar al statu quo".
"Tras un lustro de crisis global, el mundo se encuentra en una encrucijada que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. Esta crisis compartida, aunque con distintos niveles de impacto y capacidades de respuesta, ha ampliado las brechas de desigualdad y pobreza, pero también ha abierto un espacio de diálogo y ha creado oportunidades para enfrentar cooperativamente estos retos", reza el informe.
CONTAR CON LOS GRUPOS SOCIALES
Por ello, apunta que si bien "con frecuencia", las decisiones económicas se adoptan "sin apenas consideración de sus consecuencias sociales" de forma que niños y hogares pobres "aparecen posteriormente en un plano distante con una importancia secundaria", para la recuperación de la crisis es "indispensable" que los impactos sociales sean considerados "explícitamente por los decisores públicos y debatidos públicamente por las instituciones y los grupos sociales concernidos".
La organización incide además, en que la protección de niños y familias "es una cuestión de principios, porque la inversión en la infancia más vulnerable es un imperativo moral y un medio esencial para lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente", pero también "una buena política económica" porque la inversión en estos grupos es necesaria para "mejorar el capital humano e incrementar la productividad", así como para ampliar los mercados internos y generar crecimiento económico.
