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Sevilla

El PSOE llevará una moción al Pleno para que se inste al Estado a que cambie la reforma local

Para que que "no sea demoledor" para las políticas de protección de la igualdad en España y que en la capital hispalense supondría, entre otros, la "eliminación" de los Puntos de Información de la Mujer (PIM) o del Grupo Diana de la Policía Local, especializado en violencia de género

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El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla llevará una moción al próximo Pleno, en sesión ordinaria, para que se inste al Estado a presentar un nuevo anteproyecto de Ley de reforma de la Administración local que "no sea demoledor" para las políticas de protección de la igualdad en España y que en la capital hispalense supondría, entre otros, la "eliminación" de los Puntos de Información de la Mujer (PIM) o del Grupo Diana de la Policía Local, especializado en violencia de género.

   Según la moción, a la que tuvo acceso Europa Press, el PSOE reclama al Estado que "no restringa" los derechos de las mujeres y que paralice "cualquier reforma política que suponga un retroceso en los avances alcanzados en igualdad y prevención de la violencia de género". Además, apuesta por declarar la voluntad del Ayuntamiento de mantener el carácter público de los servicios para estos colectivos, especialmente los PIM y el Grupo Diana.

   En este marco, subraya que la reforma, tal como está planteada, supone "un paso atrás sin precedentes" en la implementación de las políticas de igualdad, con el "desmantelamiento" de centros y servicios destinados a la promoción de la igualdad y la asistencia a víctimas de violencia de género. "El desmantelamiento de estos servicios dificultará el cumplimiento de la legislación vigente sobre las Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género", recalca.

   Así, advierte de que el objetivo "no es únicamente financiero o económico, sino ideológico", apuntando al prejuicio que podría causarse no sólo a las mujeres, sino también a sus hijos y a la sociedad en general. "Es inviable legislar con la posición unánime de los llamados a aplicar la norma", sentencia.

   Por último, añade que esa norma "contraviene" mandatos constitucionales, estatutarios y legales, pudiendo ser incluso "inconstitucional al atentar contra el principio mismo de autonomía local".

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