“Un decreto solidario con los ciudadanos que, además, respeta la autonomía local de los Ayuntamientos”. Así defendía el vicesecretario de Organización del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, lo que va a suponer el decreto de ayuda a los Consistorios. Un decreto que, tal y como ha recalcado también el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, será muy beneficioso para estos.
Concretamente, en la ciudad de El Puerto, una de las medidas que ya se están empezando a estudiar desde el área Económica es el pago a proveedores a través de la ampliación de las líneas ICO. “Este tercer programa es una herramienta fundamental para los Ayuntamientos y, de hecho, en El Puerto han conseguido sobrevivir muchas empresas gracias a las ayudas para el pago a proveedores”, ha señalado el primer edil. Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del PP local, Alfonso Candón, que ha subrayado que este decreto permitirá “sanear las arcas municipales”.
Además, este ámbito del decreto también será ventajoso para las organizaciones sin ánimo de lucro. “Organizaciones que ayudan directamente al ciudadano, por lo que se benefician también ellos”, ha afirmado Romaní que ha añadido que “estas medidas van encaminadas a ayudar a las administraciones que están más cercanas a los propios ciudadanos”.
Otra de las puntualizaciones que se ha realizado es que, a través del decreto de ayudas a los Ayuntamientos cada Consistorio podrá gestionar de la forma más conveniente dicha ayuda. Ésta, que no tiene una cuantía cerrada, dependerá, en gran medida, de las necesidades y prioridades de cada uno de los Ayuntamientos que así la soliciten. En este sentido, y como ha puntualizado Ignacio Romaní, en la provincia de Cádiz los ayuntamientos que más dificultades presentan coinciden con las localidades de Jerez, Los Barrios, La Línea y Barbate.
Algunas medidas
Entre las medidas contempladas en el decreto, destacan medidas para que los ayuntamientos puedan liberar hasta el 75% de la PIE (Participación de los Ingresos del Estado) y el fraccionamiento a diez años de la deuda con acreedores públicos como Seguridad Social y Hacienda. A ello, se suman medidas para atajar el nivel de endeudamiento de entidades locales, contemplándose que se pueda solicitar que no se computen en los límites de endeudamiento las operaciones de crédito que se hayan realizado para financiar subvenciones pendientes de la Unión Europea o la Comunidad Autónoma.
