El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga tiene previsto tomar declaración este lunes como imputados a otro expresidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) Francisco Marquez y a la secretaria-interventora en una causa abierta por presuntas irregularidades en la adquisición de material, en concreto espumógeno, utilizado para apagar incendios.
Este procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada por el CPB, en la que se precisaba que en julio de 2009 una empresa emitió tres facturas al Consorcio por el mismo importe, 15.330 euros cada una; y por el mismo concepto, "suministro en litros de la tecnología de encapsulación micelar F500 para incendios de clase A y clase B".
Aunque las fechas de emisión eran las mismas, las de presentación en el registro eran distintas, según el documento de denuncia, en el que se apuntaba que el hecho de hacer el abono de un único encargo en tres pagos distintos "supone un claro fraude de ley" y tendría la finalidad de "no tener que acudir a un procedimiento de adjudicación ordinario".
En la denuncia se aludía, asimismo, a que se habría recepcionado menos cantidad de producto y a la "inferior calidad" del mismo, así como a que lo adquirido por el Consorcio --las tres facturas suman 45.990 euros-- supuso un 72 por ciento de lo facturado por la empresa suministradora durante 2009. Tras analizarse documentos aportados, la jueza acordó citar a declarar a varias personas.
Así, el primero fue el exgerente del CPB José Luis Cámara, el pasado 3 de junio, quien declaró que no tenía competencia para contratar la compra de material, según informó su defensa, ya que no era su cometido como gerente intervenir en el proceso de contratación del material, algo que correspondía, apuntó, al órgano directivo, que es la Presidencia, y a la Secretaría-Intervención.
No obstante, explicó que sí podía proponer la compra de determinado material. Respecto al caso concreto del espumógeno, su defensa manifestó que se propuso la adquisición de ese tipo de material, pero tras comprobarse su utilidad y siempre contando con informes en los que se aludía a la eficacia, documentos que fueron aportados.
También ha declarado el que fuera presidente del Consorcio Cristóbal Guerrero, quien aseguró a los periodistas que ni encargaba ni fiscalizaba las adquisiciones de materiales en dicha institución y que nunca veía las facturas, sino unos listados con la propuesta del gerente y el visto bueno de la secretaria. Apuntó que las dos órdenes de pago que firmó no tenían reparo alguno por parte de ésta.
