Durante su intervención en la reunión con el Secretariado del PP-A, Arenas hizo un llamamiento a todos los alcaldes y concejales de todos los partido para que se “concentren” en las sedes de la Junta y del Gobierno, y añadió que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha “fracasado estrepitosamente en la defensa de los ayuntamientos”.
Arenas también explicó que el PP va a elaborar un informe sobre el papel que realizan las diputaciones provinciales, unos órganos que se han convertido en una especie de “refugio político de defenestrados en las urnas o de aquellos que han caído en desgracia en el PSOE”. Las diputaciones provinciales, en su opinión, no van a tener ninguna justificación si actúan como “sociedades paralelas”.
El llamamiento de Arenas ha provocado duras críticas del vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, quien interpretó ayer como un “signo de debilidad” del líder del PP-A el que utilice a los alcaldes como “arietes de la confrontación” contra el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y contra las instituciones. Según apuntó, la actitud “reprochable” del PP es “una posición radical más típica de partidos marginales y que del que se entiende como principal partido de la oposición”.
Según Pizarro, la actitud de Arenas hace “imposible” alcanzar cualquier tipo de acuerdo o de abrir una vía de diálogo y lamentó que su estrategia siga siendo la de “cuanto peor parta Andalucía, mejor para el PP-A”.
Por otra parte, Arenas también anunció ayer que solicitará la celebración de un debate general en el Parlamento andaluz sobre los “recortes sociales”, especialmente en materia educativa, que se están produciendo en la comunidad, algo que se evidencia en la congelación de las partidas para el Plan del Alzheimer; en la “eliminación” del Plan Más autónomo; en el “bloqueo” a las inversiones en sanidad; en la “negativa a financiar adecuadamente” la Ley de Dependencia, o en el hecho de que más de 500.000 parados estén fuera de las Políticas Activas de Empleo.
Lo que faltaba ahora, según agregó, es la “congelación” de los planes educativos en Andalucía, en referencia a la información que publicó ayer El Correo de Andalucía sobre la decisión de la Junta de congelar la implantación de colegios bilingües y centros TIC, algo que fue negado por la propia consejera de Educación, Teresa Jiménez.
Frente a estas críticas, Luis Pizarro aseguró ayer, tras la reunión que la dirección del PSOE andaluz mantuvo con el consejero de Economía y Hacienda, que los presupuestos de la Junta para 2009 destinarán a políticas sociales el 59,3% del gasto no financiero, unos presupuestos que serán “austeros y acordes” a la situación económica, aunque mantendrán la inversión pública y el apoyo al sector productivo.
inversiones importantes
Según apuntó, los presupuestos “son los que necesita Andalucía para afrontar la crisis y hacer política de altura que dé respuestas a los ciudadanos”, mientras que destacó que incluirá partidas “muy importantes” para el impulso de la actividad económica y de las política de empleo, con un incremento del 9%, para lo que recurrirá a la inversión pública, que mantendrá los 7.400 millones de 2008, a los que sumó los 4.411 millones procedentes del Estado.
Por su parte, las políticas sociales (educación, sanidad, bienestar social, pensiones etc) acapararán el 59,3 por ciento del gasto no financiero, ha agregado Pizarro, que recordó que esto supone “transferencias de renta hacia las economías familiares”.
Además, recordó que el presupuesto incluirá un artículo que posibilitará que los ayuntamientos obtengan más financiación una vez que se aprueben en 2009 las leyes de participación de los entes locales en los impuestos de la Junta y de Régimen Local, artículo que Arenas calificó como una “trampa”.
Las comunidades con nuevos Estatutos liderarán la nueva descentralización
Los ejecutivos de las seis comunidades autónomas que ya han reformado sus Estatutos entienden que tras 30 años de Constitución en los que ha primado la relación entre las regiones y el Estado es el momento de liderar una nueva descentralización, en la que la cooperación entre ellas es vital.
Así lo constataron ayer los representantes institucionales de las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Valencia que han participado en Sevilla en la segunda reunión de este grupo que, con lealtad al Estado, buscan nuevas formas de cooperación entre regiones.
Tras el primer encuentro que mantuvieron en Zaragoza con motivo de la Expo del Agua y en la que se acordó abrir un frente común de cooperación a favor del desarrollo del autogobierno y de las relaciones “horizontales”, este grupo analizó ayer la posibilidad de elaborar licencias de caza y pesca válidas entre comunidades y homologaciones comunes en temas sanitarios -como en tatuajes o manipulación de alimentos-.
Para el vicepresidente primero andaluz, Gaspar Zarrías, estas cuestiones, que en un principio parecen “menores”, suponen un importante primer paso de cooperación entre regiones.
El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, ha apuntado que en 30 años de Constitución Española se han suscrito más de 10.000 convenios ente el Estado y las distintas comunidades, mientras que entre regiones sólo se han realizado una treintena.
