IU ha pedido que el equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido esclarezca la adjudicación del contrato de renovación de elementos de seguridad en áreas de juegos infantiles adjudicado por el total del presupuesto y no por el precio de la oferta, que era un 35% más barato.
Según apuntan, el contrato fue sacado a licitación con un presupuesto base de 147.602 euros, 178.599 euros al incluir el IVA, y fue adjudicado a la oferta que aportaba un “35% de rebaja sobre dicho montante” aunque se dará a la empresa adjudicataria por el total del presupuesto porque “se dice que se dirigirá a ampliar el objeto del contrato, una posibilidad que no se ha incluido en los pliegos de condiciones”.
En este sentido, desde IU se ha informado a Europa Press que se está estudiando ya la situación por “si pudiera existir alguna irregularidad” en la adjudicación de este contrato. Así, ha mostrado su “sorpresa” por que se haya adjudicado a una empresa este contrato “en base a una bajada del 35% y después se ha constatado que la cuantía por la que se ha otorgado es la del precio real de licitación”.
“Es muy llamativo y no nos convencen las explicaciones que ha dado la concejal delegada de Hacienda, Asunción Fley, en la comisión de la citada área, por lo que vamos a estudiar el expediente para ver si corresponde algún tipo de acción”, sentencia.
Así, señala que Fley ha trasladado que “con el mismo dinero se harán más cosas”, pero alerta de que “sin embargo en el pliego no se especifica esa ampliación del contrato”. “Lo que se está haciendo tendría que tener una ampliación del objeto del contrato que no se ve por ningún lado, sin reflejarse tampoco las acciones a desarrollar y el modo de hacerlas”, concluye.
Este contrato salió a licitación en julio de 2013, tras lo que fue adjudicado en septiembre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Equipamientos Deportivos SA (Equidesa) y por Grupo de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras SL, cuya oferta presentaba el “35% de baja única sobre todos y cada uno de los precios unitarios recogidos en los pliegos de condiciones”.
El documento recoge que “se justifica valoradamente el posible descenso económico en gastos generales y beneficio industrial” y admiten “justificaciones de bajas temerarias”, concluyendo que la oferta “más ventajosa” era la de la citada UTE.
