“Si el alcalde no escucha al pueblo, la oposición tampoco escuchará al alcalde”. Con esta frase se despidieron del salón de plenos este viernes los concejales de los grupos de la oposición en Cartaya (PSOE e IU), para abandonar la sesión plenaria acompañados por el medio centenar de ciudadanos e integrantes de la Plataforma Cartaya Pública que había acudido a la misma para expresar su repulsa a la privatización de servicios esenciales (agua y basura), que materializó el equipo de Gobierno tripartito aprobando los pliegos de condiciones para la entrega de ambos por 25 y 12 años, respectivamente, a sendas empresas privadas.
El de este viernes fue un capítulo más, quizás el más álgido, de la crispación que en la vida política del municipio han propiciado los partidos políticos que integran el tripartito (Icar, PP y PA), desde que accedieron al poder en 2011.
El caso de ayer superó todas las líneas rojas. En primer lugar por la negativa del gobierno municipal a debatir los puntos del pleno no haciendo uso de sus turnos de palabra, salvo el último, y en asuntos tan relevantes para los ciudadanos como la aprobación del presupuesto municipal.
En segundo lugar por un asunto que ya venía arrastrándose del pleno anterior, donde la oposición (PSOE e IU), haciéndose eco de la propuesta de Cartaya Pública, solicitó la celebración de un referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan sobre la privatización de los servicios esenciales acometida por el equipo de Gobierno, que restó validez a las 3.500 firmas recogidas hasta el momento por la plataforma ciudadana, además de insinuar que los vecinos no saben lo que han firmado y están manipulados, al igual que los integrantes de la plataforma.
En tercer lugar por negarse el tripartito a escuchar a la ciudadanía, representada por la plataforma Cartaya Pública y por esas 3.500 firmas que por el momento ha conseguido, dando el uso de la palabra a su representante para presentar su propuesta de referéndum una vez se había dado ya luz verde de forma casi definitiva a las privatizaciones con la aprobación de los pliegos de condiciones para las empresas concesionarias.
Y en cuarto lugar por haber obligado el alcalde a la plataforma a desconvocar una concentración pacífica prevista para esa misma tarde en la plaza Redonda, ante “la solicitud que ha hecho el alcalde, Juan Miguel Polo, a la Subdelegación del Gobierno para que impida la concentración mediante el envío de efectivos de la Guardia Civil y el uso en caso necesario de la fuerza para evitar la reunión ciudadana”, según informó el día anterior la propia Plataforma en un comunicado.
En fin, que tanto fue el cántaro a la fuente, que finalmente se rompió, y los miembros de la oposición (IU y PSOE), acompañados por el medio centenar de ciudadanos que se había dado cita en el plenario, se vieron obligados a abandonarlo. Eso sí, no sin antes dejar una lluvia de sobres y fotocopias de billetes de 500 euros con la que IU, PSOE y Cartaya Pública quisieron poner de manifiesto, y así lo han explicado en un comunicado “que lo único que persigue el alcalde y su equipo de Gobierno con las privatizaciones es mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque sea poniendo los intereses de empresas privadas por encima del interés de todo el pueblo de Cartaya”.
Como consecuencia de todo ello, en el pleno no faltaron las descalificaciones, o algunas perlas para enmarcar como la del alcalde cuando afirmó que “este equipo de Gobierno se gasta menos que un ciego en novelas”, dándose la circunstancia de que entre el público había personas invidentes.
Los grupos municipales explicaron el motivo de su abandono en un comunicado. “por la negativa del alcalde a escuchar a los vecinos antes de decidir la privatización de los servicios de agua y recogida de basuras”. Y es que según prosiguen, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos Cartaya Pública, Luis González, había solicitado autorización a Polo para hablar en la sesión y pedir un referéndum sobre esas privatizaciones, “pero el alcalde sólo se lo concedió cuando ICAR, PP, PA y UPyD ya habían decidido privatizar los dos servicios”.
Por todo ello, PSOE e IU consideran que la actitud de Polo, del Gobierno municipal de ICAR, PP y PA, así como de su socio UPyD, dejando que hablen los vecinos cuando ya estaba todo decidido, en lugar de hacerlo antes para conocer sus argumentos, “es una burla a las más de 3.500 personas que han firmado en contra de las privatizaciones y a favor de la gestión pública del agua y de la recogida de basuras”.
La retirada de IU y PSOE del pleno se ha producido también como consecuencia de los “constantes abusos del alcalde en el uso de la palabra” explicaron ambas formaciones, que prosiguieron afirmando que Polo “no ha querido en ningún momento debatir los distintos puntos del orden del día. De forma absolutamente dictatorial y cobarde ha impedido que la oposición pudiese responder a sus intervenciones, que siempre las ha hecho en el último momento para eludir cualquier debate, a pesar de la importancia de los asuntos a tratar”.
Los portavoces de PSOE e IU también anunciaron en el pleno que sus grupos no participarán en las mesas de contratación que se crearán para entregar los servicios de aguas y recogida de basuras a empresas privadas. “La oposición nunca ha sido invitada a participar en mesas de contratación -aseguran-, pero esta vez el equipo de Gobierno la había incluido en ellas para hacerla cómplice de unas privatizaciones que se sabe de antemano a quiénes beneficiarán: Aqualia, empresa de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Compañía General de Servicios y Construcciones (GSC), propiedad del grupo empresarial portugués Teixeira Duarte. Las dos mesas de contratación serán una farsa” concluyen.
Finalmente, tanto IU como PSOE defendieron la gestión pública del agua y la recogida de basuras, “pues se trata de servicios esenciales con los que nadie debe hacer negocio”. Ambos grupos volvieron a exigir, junto con Cartaya Pública la celebración de un referéndum “para que los cartayeros decidan si quieren o no las privatizaciones”.
PRESUPUESTO MUNICIPAL
El pleno de este viernes también sirvió para que el tripartito, sin ningún tipo de debate previo, sacara adelante su propuesta inicial de presupuestos para el ejercicio 2013, que ahora concluye. Unas cuentas que según alertó la portavoz de UPyD, Carmen García, sufren una desviación de dos millones de euros. La edil de UPyD también lamentó los excesivos gastos corrientes que refleja el presupuesto “en los que se podría ahorrar en muchas cosas”, con 4,5 millones de euros, el gasto en personal “donde se va bastante dinero”, el “elevado” gasto en festejos, “que casi multiplica al de otras áreas como servicios sociales o cultura y que es un gasto prescindible”, y el también “elevado” gasto en contratación de seguridad externa “cuando ya hay en Cartaya la Policía Local, Guardia Civil o Protección Civil”.
Los presupuestos reflejan un recorte de gastos del 33 por ciento en todas las áreas, aunque según señaló el portavoz socialista, Alexis Landero, “a pesar de haberlo solicitado nuestro grupo ya en repetidas ocasiones, no se rebaja ni un céntimo el gasto en el equipo de Gobierno (400.000 euros), por lo que los concejales seguirán cobrando lo mismo”. Landero también subrayó el recorte en materia de limpieza viaria “con lo que el pueblo seguirá hecho un asco, como todos pueden comprobar”, y mostró su sorpresa por los 600.000 euros consignados en el presupuesto para gastos jurídicos.
Finalmente, los portavoces de la oposición (PSOE e IU), criticaron que la falta de debate en este punto al negarse el equipo de Gobierno a explicar las líneas generales del presupuesto antes de dar la palabra a la oposición, “pone de relieve -según Landero- que al alcalde le estorba la oposición, y por tanto la democracia”.
Gea fue más duro en sus críticas y añadió que el Gobierno municipal está formado por un equipo de “ineptos, mudos, cobardes que tiran la piedra y esconden la mano esperando hasta el final para no debatir”. “De llegar a acuerdos, poco, y de recortes, mucho”, afirmó Gea, quien concluyó poniendo de relieve la “poca vergüenza” del equipo de Gobierno al negarse a explicar los presupuestos.
