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El Gobierno catalán subraya que los ciudadanos tienen la "obligación" de denunciar el tráfico de personas

Según el consejero, desde el Gobierno catalán deben actuar contra esta problemática haciendo un "esfuerzo" para concienciar y prevenir, además de trabajar en la detección del delito y la restitución de las personas victimizadas

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El consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha resaltado este martes que los ciudadanos tienen la "obligación" de denunciar los casos de tráfico y explotación de personas, una de las peores lacras de la sociedad moderna, ha dicho.

   En su discurso de inauguración de las II Jornadas de Crimen Organizado sobre Tráfico de Seres Humanos en la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Espadaler ha destacado la voluntad del Gobierno catalán de ser proactivos "para atacar una de las peores lacras que como sociedad moderna" está viviendo Cataluña y el resto de Europa.

   Ha resaltado el protocolo de protección de las víctimas de trata firmado la semana pasada entre el Gobierno catalán, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y los colegios profesionales de abogados (Icab) y psicólogos.

   Según el consejero, desde el Gobierno catalán deben actuar contra esta problemática haciendo un "esfuerzo" para concienciar y prevenir, además de trabajar en la detección del delito y la restitución de las personas victimizadas.

   Espadaler, que no ha ofrecido ninguna cifra sobre la dimensión de la problemática en Cataluña, ha resaltado la cooperación dentro del Gobierno catalán (a través de las consejerías de Interior, Justicia, Empresa y Ocupación, Educación y Sanidad), y con los cuerpos policiales, la judicatura, la Fiscalía y las entidades y organizaciones sociales.

   Las jornadas, que durarán hasta el jueves, contarán con la participación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la magistrada del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, el fiscal delegado de Extranjería de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, y miembros especializados de todos los cuerpos policiales, entre otros expertos.

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