El alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, que gobierna en el Ayuntamiento de la localidad conjuntamente con el partido Popular y el Partido Andalucista, rechazó en el último pleno municipal celebrado el pasado viernes, una propuesta socialista encaminada a regular que no se pueda cortar el agua a ninguna familia que este en situación de extrema necesidad o inmersa en un proceso de desahucio, así como que se facilite el pago de las facturas del agua a familias y usuarios que atraviesen una difícil situación económica.
Según indicaron los socialistas, en su moción se pide que para ello sean ampliadas las bonificaciones sociales que se puedan hacer en el recibo del agua a estos colectivos mediante una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua.
La propuesta fue rechazada gracias a los 10 votos en contra de la misma de los ediles independientes, populares y andalucista, que integran el tripartito, pese a contar con el respaldo del PSOE, IU y UPyD.
El alcalde, en su intervención, se negó tajantemente a apoyar dicha propuesta, ya que “no es serio” modificar una ordenanza municipal un mes después de su aprobación sin que nadie alegara entonces nada a la misma, a lo que añadió que la empresa concesionaria también va a decir que esto no es serio”. Finalmente, tachó la iniciativa de “populista”.
Palabras que fueron contestadas por el portavoz del grupo municipal socialista, Alexis Landero, argumentando que “si ahora el alcalde dice que la empresa concesionaria no lo va a aceptar, es falso lo que ha venido diciendo estos meses el alcalde de que la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro del agua eran competencia municipal”.
“Nunca me pude imaginar que el alcalde votase a favor de una medida así” prosiguió Landero, ya que con ello “de demuestra que ustedes están a los pies de la empresa concesionaria, mientras que lo único que estamos pidiendo es que se ayude de forma regulada, y en base a los informes de los servicios sociales, a las familias más desfavorecidas que verdaderamente no pueden pagar el agua”.
Igualmente, y pese a reconocer no tener aún constancia de que se haya cortado aún el agua a ninguna familia desde que hace un mes la actual empresa concesionaria se hizo cargo del servicio, Landero adelantó que su la propuesta socialista tiene en este sentido un carácter preventivo ya que “sí hay ya amenazas de corte” y, sobre todo, “después de ver como la misma empresa que gestiona ahora el agua en Cartaya está realizando cortes masivos del suministro en otras localidades donde también opera, como es el caso de Jerez de la Frontera.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Ángel Gea, afirmó que “es una pena que tras la privatización del agua se haya perdido el carácter social del suministro de un bien tan básico”.
Finalmente, el portavoz socialista señaló que propuestas como estas son necesarias “para garantizar un servicio básico y esencial a personas con una situación complicada”. Por esta razón, pidió que se llegue a acuerdos para que se modifique la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de distribución de agua potable en su artículo Sexto, referido a las bonificaciones.
En este sentido, el PSOE de Cartaya persigue que se incluyan estas bonificaciones sociales para personas con minusvalía y dependientes, así como para aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo y con rentas bajas. También proponen establecer un ‘bono social’ para situaciones de especial necesidad, que deberá ser corroborada por los servicios sociales del Ayuntamiento.
Por último, el dirigente socialista recordó que, el proceso de privatización del servicio del agua “ha supuesto una brutal subida de las tarifas de entre un 10 un 14 por ciento a partir de este mes. Por ello, consideró “más que necesario que el equipo de Gobierno “apoye estas propuestas para ayudar a cartayeros que lo están pasando mal”.
NO AL “PACTO DE CORTESÍA” PARA REBAJAR LA TENSIÓN EN LOS PPENOS
El tripartito también rechazó de plano (votaron en contra los independientes, el PP, el PA y UPyD, y a favor PSOE e IU) la propuesta, también socialista, de establecer “un pacto de cortesía y buenas prácticas, el cuál esté consensuado por todos los grupos, tanto de gobierno como de oposición, que sitúe la actividad política de nuestro Ayuntamiento en el lugar que con toda certeza desean los vecinos de este municipio”.
Según indicó el PSOE, “con este pacto se pretende, entre otras cosas, que se consensuen entre todos los grupos prohibir insultos y gestos obscenos, ajustar las intervenciones a unos tiempos preestablecidos de común acuerdo entre todos los grupos, no avasallar ni interrumpir otras intervenciones, decidir mecanismos de información que permitan a los grupos tener información con la suficiente antelación, o no personalizar o usar tratamientos inadecuados en las sesiones plenarias”.
Al mismo tiempo, apuntó que la moción contempla la creación de un equipo de trabajo compuesto por un miembro de cada grupo político que compone esta Corporación para que en el plazo máximo de mes y medio redacte el contenido concreto de este pacto.
Para Alexis Landero “los plenos municipales son para trabajar por Cartaya, no para pelearnos o insultarnos; los cartayeros se merecen unos políticos que estén a la altura de nuestro pueblo y de la crisis que estamos viviendo”.
Del mismo modo, para el portavoz socialista, “la iniciativa parte de la necesidad de establecer unas normas y medidas para que se respete tanto al político como a la ciudadanía”.
Por todo ello, abogó por la necesidad de que tanto el equipo Gobierno (Icar-PP-PA), como los grupos de oposición, lleguemos a un acuerdo por “salud democrática”.
ROTONDA DEL CEMENTERIO
Finalmente, destacar que el Pleno aprobó por unanimidad la solicitud de cesión del tramo de la CN-431 comprendido entre la rotonda que marca el límite de la actual travesía urbana de dicha vía, a la altura de la gasolinera BP, y el punto kilométrico 108.300, un poco más allá del cementerio municipal.
Una medida con la que se solicita al Ministerio de Fomento que se amplíe dicha travesía urbana en cerca de 900 metros, desde la rotonda del puente de La Barca, hasta el camposanto, último trámite necesario para que pueda iniciarse la construcción de la rotonda que dará acceso al cementerio, que facilitará y ofrecerá una mayor seguridad a los vecinos que accedan al mismo.
