Jonathan Moya, el joven de 26 años imputado por el secuestro y muerte de la niña onubense de 16 meses Míriam en diciembre de 2012, ha aceptado este jueves penas que suman tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento oficial en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería.
El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que el fiscal haya resuelto modificar su escrito de acusación inicial en el que interesaba una condena total de cuatro años y nueve meses de prisión, más el pago de una multa de 1.640 euros que finalmente se ha quedado en la cuantía de 360 euros.
Así lo ha indicado a Europa Press la abogada que ejerce en este caso la defensa, Fuensanta Rodríguez, quien ha explicado que el Ministerio Público ha aceptado rebajar de tres a dos años de cárcel la pena solicitada por estafa continuada ya que, al ser un delito contra el patrimonio, "no es necesario imponer penas en su mitad superior".
A esto hay que sumar, según ha precisado Rodríguez Villar, que todos los perjudicados han recuperado sus vehículos y, por tanto, Moya González no debe hacer frente a responsabilidad civil. "Se le va a condenar por la mínima jurídicamente posible teniendo en cuenta que es reincidente", según ha subrayado.
En el caso de la pena de multa, ha asegurado que la reducción se debe a que consta en autos que está en prisión y que esa situación "se va a prolongar durante mucho tiempo", por lo que no va a poder "acceder al mercado laboral que le permita hacer frente a una cuantía superior".
DOS MOTOCICLETAS Y UN TODOTERRERO
Moya González ha reconocido que, en 2012, haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional se ofreció como intermediario a un vecino de La Cañada, en Almería, para la compraventa de su motocicleta de gran cilindrada aunque se marchó con ella y le cambio la placa de matrícula.
También habría admitido que, haciéndose también pasar por policía nacional, estafó a un hombre residente en Aguadulce y a una mujer, vecina de Fiñana, con la compraventa de una moto y de un vehículo todoterreno.
Rodríguez Villar, quien ha trasladado que "todo el mundo tiene derecho a una defensa justa independientemente de los hechos que haya cometido" y ha afirmado que se "compadece" de su detenido, ha lamentado las "dificultades" encontradas para preparar el juicio con Moya González, quien --ha criticado-- "fue trasladado desde la cárcel de Herrera de La Mancha hasta El Acebuche el pasado martes".
Moya González, apodado 'El trolas', cuenta con diversos antecedentes penales por distintos casos de compraventas fraudulentas de vehículos, siempre con el mismo modo de actuar. En la mayor parte de estas causas, cuyos juicios se celebraron tras su detención por la muerte de la bebé onubense, mostró conformidad con las condenas una vez alcanzado un pacto con el fiscal.
Precisamente el Ministerio Público ha solicitado al instructor del rapto y muerte Míriam que el procedimiento por los delitos de asesinato y de detención ilegal se tramite de acuerdo a la Ley del Jurado y ha interesado que se abra pieza separada por el supuesto delito de violación a la madre de la menor contra el principal imputado en la causa, Jonathan Moya.
Cabe recordar que las diligencias previas incluyen la investigación de una supuesta agresión sexual que la madre de la bebé, Gema Cuerda, denunció ante el puesto de la Guardia Civil de Gérgal (Almería) cuando comunicó que Moya González se había llevado "todas sus pertenencias" y a su hija de 16 meses tras mantener una "fuerte" discusión.
CRIMEN DE MÍRIAM
Las últimas actuaciones incorporadas a la causa incluyen dos informes elaborados por la Guardia Civil. El primero recoge como conclusión principal que Raúl R.F., imputado por presunto delito de encubrimiento, "era conocedor de sus intenciones de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de ésta" y que podía, asimismo, "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012. Esto contradice la versión que Moya González dio para exculpar a su amigo.
El segundo informe desmiente, tras unas intensas gestiones en diversas provincias andaluzas y en Extremadura, la existencia de las dos personas a las que Moya González implicó en los hechos y concluye que "puede considerarse sin ningún género de dudas que mintió" en sede judicial durante su ultima declaración en abril de 2013.
También se han incorporado recientemente a la causa, en la que también esta imputada una tía de Moya González por presunto encubrimiento, informes biológicos sobre las muestras recogidas en los que se afirma que "los alelos extras de procedencia desconocida que fueron detectados en las perneras de los leotardos de la menor no coinciden con las características genéticas que definen a C.M.J. --tía de Jonathan Moya-- y a Gema Cuerda", madre de la niña.
Esos mismos informes confirman la presencia de AND de Moya González en los films de plástico que envolvía el cuerpo de la niña cuando fue encontrado tras ocho días en paradero desconocido el 28 de diciembre en el interior de una balsa de riego a una distancia de apenas unos 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado el principal implicado en los hechos.
Según los datos que trascendieron del informe preliminar de la autopsia, la bebé, natural de Palma del Condado (Huelva), habría muerto por un "traumatismo craneoencefálico y asfixia mecánica" entre tres y cinco días antes de que fuese hallada sin vida.
