La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a varios bancos información sobre cuentas de UGT y CCOO, incluida la federación valenciana del primero de los sindicatos, para profundizar en la investigación sobre los fondos públicos que recibieron y que pudieron "acabar capitalizando otros intereses".
La juez de instrucción 6, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la Guardia Civil investiga para "depurar las responsabilidades penales de personas físicas o jurídicas que habrían sido receptoras de fondos públicos que originariamente habían salido del Erario con un fin subvencionador y, sin embargo, habrían acabado capitalizando otros intereses".
Hasta ahora, la Guardia Civil "ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas".
Ello "habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes" en los ERE, según Alaya.
Por ello, la juez ordena investigar las cuentas bancarias de la Federación regional del Metal de CCOO, la UGT de Valencia, la Confederación Sindical de CCOO y la Federación Agroalimentaria de esa central, con las fechas de apertura, titulares y movimientos.
Una veintena de sindicalistas de CCOO y UGT se encuentran entre los 143 imputados por los ERE y la juez ha decretado en la mayoría de los casos la responsabilidad subsidiaria de su central, lo que ya ha llevado al embargo de un inmueble de CCOO en la calle Manuel Cortina de Madrid para hacer frente a la fianza civil de 471.352 euros impuesta al exresponsable de su federación siderometalúrgica en Andalucía.
El pasado 10 de febrero, la juez pidió además las cuentas desde 2001 de las consultoras Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros, Consultura Actuarial, Temiqui e ITG, vinculadas a CCOO y UGT, así como información sobre todas las federaciones de ambos sindicatos.
En otra resolución notificada hoy, Alaya ordena una averiguación patrimonial de los bienes del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá con objeto de hallar bienes con los que cubrir su fianza civil de 490 millones de euros que le impuso por 247 ayudas presuntamente irregulares.
Por otra parte, Alaya ha dado cuenta hoy de un informe de la Guardia Civil sobre las empresas de la familia de José María Ruiz Mateos, solicitada a raíz de la imputación del padre y tres de sus hijos por los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos y su empresa Dhul.
En dicho informe, los investigadores enumeran varias decenas de compañías de las que son o han sido directivos seis hijos del empresario, desde Nueva Rumasa, el Rayo Vallecano, Cacaolat, Dhul e incluso una empresa denominada "Que te pego, leche" en alusión al intento de agresión en 1988 por parte de Ruiz Mateos al exministro de Economía socialista Miguel Boyer .
