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Gómez advierte a García (IU) de que \"si está preocupado\" tras pedir su dimisión \"ya sabe lo que le queda\"

Para las próximas elecciones

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El empresario, líder de Unión Cordobesa (UCOR) y concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, ha advertido este jueves al coordinador provincial de IU, Pedro García, de que "si está preocupado" tras pedir su dimisión por no pagar la multa de 20 millones de euros por las naves de Colecor, "ya sabe lo que le queda" para las próximas elecciones municipales de 2015.

   En declaraciones a los periodistas, le ha aconsejado a García que en los comicios es "cuando se va a tener que preocupar", al tiempo que le ha pedido al coordinador provincial de IU que "se vaya a dormir".

   En concreto, García ha reclamado este miércoles la dimisión "inmediata" del empresario y que no se presente a las próximas elecciones municipales porque es "tremendamente grave que una persona que no cumple con sus obligaciones ciudadanas, que no paga la multa, esté representando a los cordobeses en el Pleno", y ha criticado que deba 20 millones de euros y esté "cobrando dietas y un salario del erario público de los ciudadanos". En este sentido, subrayó que "la opinión de IU es que Rafael Gómez debe dimitir inmediatamente de concejal y no debe presentarse a las elecciones municipales".

   Al respecto, el informe elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, a petición del teniente alcalde de Hacienda, José María Bellido, después de que el edil de UCOR Carlos Baquerín pidiera que se analizara la posible inhabilitación de Gómez debido a su condición de deudor, concluye que éste no incurre en ninguna causa de incompatibilidad o inelegibilidad que implique que no pueda seguir siendo concejal.

   Así, el documento descarta que la sanción urbanística que pesa sobre Gómez sea motivo para retirarlo de su cargo público y señala que para que se declare su incompatibilidad es necesario que se haya dictado un mandamiento de apremio judicial, sin que baste la firmeza de la deuda en vía administrativa o incluso la providencia de apremio administrativa. En definitiva, el argumento que esgrime la asesoría jurídica es el mismo que la Junta Electoral Central.

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